Comunidades indígenas piden cumplir medidas para protección de niños Wayúu

Después de tres años de ordenarse medidas cautelares por parte de la CIDH, las comunidades insisten en que no se han cumplido.

Colprensa.

La Corte Constitucional revisó una nueva tutela en la que indígenas de La Guajira piden agua, especialmente por la afectación a niños, niñas, adolescentes y madres lactantes. Se trata de una petición de quince representantes legales de comunidades ubicadas en el municipio de Uribía que no tienen el mínimo vital, califican su servicio de salud como "efímero" y señalan el incumplimiento a las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su protección desde el año 2015.

Las órdenes consisten en que se tomen medidas para que se garantice la salud de las comunidades con un enfoque integral y se pueda atender la desnutrición infantil; medidas para que tengan acceso al agua de manera sostenible y suficiente en especial para los niños y niñas; y para que los menores tengan también acceso a alimentos de calidad y que sean pertinentes culturalmente.

Teniendo en cuenta lo dicho por la CIDH pero además la sentencia T-302 de 2017 en la que se declaró un estado de cosas inconstitucional respecto a la falta de salud, alimento y agua para los menores de edad, la Corte se abstuvo de emitir nuevas órdenes y simplemente exige el cumplimiento de lo ya ordenado.

La sentencia citada ordenó la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, que es el que ahora debe incluir este nuevo caso, pero también estableció una serie de objetivos mínimos que se deben alcanzar.

Los objetivos:

i) aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua; ii) mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria; iii) aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional; iv) formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todos los Wayúu; v) mejorar la movilidad de las comunidades Wayúu que residen en zonas rurales dispersas; vi) mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional; vii) garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas; viii) asegurar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales y ix) garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu.