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Tribunal Superior Electoral frustró aspiración presidencial de Lula

Votación interna en el ente electoral niega la posibilidad de una nueva aspiración del dirigente investigado por corrupción.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil alcanzó hoy una mayoría  (6-1) en contra de aceptar la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, aunque aún faltan por pronunciarse otros dos jueces.

La aspiración de volver al poder desde la cárcel que acariciaba el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue frustrada por la Justicia electoral, que vetó su candidatura por el impedimento que entraña su situación jurídica.

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El Tribunal Superior Electoral decidió por una mayoría de seis votos frente a uno que la ley conocida como "Ficha Limpia", que fue sancionada por el propio Lula en 2010, cuando aún gobernaba, impide que encare la que habría sido su sexta candidatura presidencial, que ha intentado aún cuando está en prisión desde el pasado abril.

Esa legislación, contra la que ahora se ha revelado el Partido de los Trabajadores (PT), establece que toda persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, postule a cualquier cargo electivo, aún cuando le resten apelaciones.

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En los recursos restantes se apoyó la defensa de Lula, que además esgrimió entre sus alegatos una cautelar dictada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pedía garantías para su participación en las elecciones.

Sin embargo, el magistrado Luis Roberto Barroso, instructor del caso, rechazó uno a uno los argumentos de los abogados y abrió el camino para el veto a la candidatura, inscrita por el PT el pasado 15 de agosto a pesar de los claros obstáculos legales.

Según Barroso y la mayoría de los jueces, esa cautelar carece de carácter vinculante y, además el comité de la ONU se pronunció "sin haber escuchado antes al Estado brasileño", lo hizo a través de "apenas dos de sus 18 miembros".

 El juez citó también que el comité se comprometió a analizar el mérito de la cuestión "el año próximo", después de las elecciones en Brasil y cuando el nuevo presidente brasileño estaría ya en pleno ejercicio, pues asumirá el 1 de enero de 2019.

De todos modos, Barroso dijo que el tribunal tenía el "deber" de escuchar el alegato del comité, pero apuntó que éstos alertan de un "riesgo" de que se violen los derechos de Lula, lo cual "no se fundamenta", pues las restricciones a su candidatura están dictadas por una ley brasileña.

"La ley y la Constitución imponen una decisión inequívoca y no hay ninguna duda sobre lo que debe hacerse" a la luz de la "Ficha Limpia", que fue apoyada por "una gran movilización popular" y tiene "plena legitimidad democrática", declaró. 

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