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Indemnizaciones no aplican para todos los casos de privación de libertad

El Consejo de Estado determinó la condición para que una persona pueda recibir alguna reparación, en caso de procesos injustos.

El Consejo de Estado determinó que las indemnizaciones para quienes fueron privados de la libertad, pero posteriormente se les archivó la investigación en su contra, no aplican cuando se demuestra que la persona cuestionada realizó acciones que llevaron inicialmente a la Fiscalía a inferir de manera razonable que podía ser responsable de una conducta penal.

La condición la estableció la corporación como precedente en el caso de una mujer que fue investigada, sin llegar a ser condenada, por trata de personas.

Ella trabajaba con una agencia de empleo que, entre su oferta de servicios, contaba con el ejercicio de una intermediación legal para que ciudadanos nacionales se pudieran emplear en el exterior. Sin embargo, fue demandada por una ciudadana que fue empleada en Israel.

Durante el proceso se estableció que no cometió el delito por el que fue acusada, pero se comprobó que cobró directamente un dinero a quien la denunció a cambio del empleo, cuando lo legal era cobrarlo a quien fuera ser su empleador. Por ello, se infirió su presunta responsabilidad y en consecuencia no puede ser indemnizada por la medida de aseguramiento que tuvo que cumplir. 

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