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JEP tendrá competencia en algunos delitos cometidos tras el acuerdo de paz

La Corte Constitucional dice que hay excepciones y que la fecha no es lo único que define la competencia.

La Corte constitucional le dio vía libre al artículo 62 de la ley estatutaria de la JEP en la que se define cuándo esta jurisdicción tiene competencia sobre casos que registran actuaciones delictivas después del 1 de diciembre de 2016.

Aunque la base es que a partir de esa fecha las actuaciones cometidas por exguerrilleros serán asumidos por la justicia ordinaria. Dice la Corte que los delitos relacionados con la dejación de armas y los delitos de ejecución permanente sí podrían ser revisados por este tribunal.

Los primeros hacen referencia por ejemplo al delito de porte de armas que estuvieron cometiendo los miembros de las FARC mientras entregaron sus dotaciones el gobierno nacional y los segundos, hacen referencia a los delitos que se iniciaron antes de esa fecha pero que no se pudieron terminar de inmediato si no que alcanzaron a continuar después del 1 de diciembre, como por ejemplo el secuestro.

Por ello declaró inconstitucional el numeral tercero del inciso quinto de la normativa que dice lo siguiente:

“La jurisdicción ordinaria tendrá competencia respecto de cualquiera de las conductas referidas, cuya comisión haya iniciado antes del 1 de diciembre de 2016, cuando se hayan realizado actos de ejecución después de dicha fecha, en cuyo caso se procederá conforme a los previsto en el artículo 20 de esta ley”.

También se hizo un cambio referente a la mención que se hacía sobre los agentes del Estado y terceros que no serían juzgados por la JEP, la Corte condiciona esta regla diciendo que si juzgaría a quienes se presenten voluntariamente ante la JEP.

Y deja claro nuevamente que la Corte Suprema de Justicia es la competente para revisar sus propias sentencias.

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