Defensoría advierte al Gobierno la consecuencia de restringir la prisión

Es una de las propuestas que hace al nuevo presidente Iván Duque.

Uri de Kennedy. / Colprensa.

En el último informe de la Defensoría sobre la situación de las cárceles en el país, esta entidad señala al menos dos propuestas que le hace tanto a la Corte Constitucional como al Gobierno Nacional que ahora lidera Iván Duque para solucionar la crisis que persiste.

La primera tiene que ver con una medida que serviría al menos a mediano plazo y es declarar un estado de excepción de emergencia social para que el gobierno pueda emitir decretos con fuerza de ley para establecer nuevos tributos o modificar los existentes con ánimo de obtener nuevos recursos para la construcción de nuevas cárceles. Sobre esta medida solo podría decidir el nuevo gobierno, pero no solucionaría el tema de fondo.

El defensor delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, Germán Pabón Gómez, afirma que de continuarse el populismo punitivo el problema seguirá existiendo.

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"El populismo punitivo en qué consiste, en términos elementales: que todo conflicto por mínimo que sea tiende a resolverse con pena privativa de la libertad. Es el primer recurso (...) La pena privativa de la libertad o mejor la detención intramural debe ser la última opción, la medida última, la medida extrema", dijo.

En consecuencia la otra propuesta es que la Presidencia emita directrices mucho más fuertes para que se consolide la política criminal que ha sido por años discutida y sobre la cual se han emitido varios conceptos que suelen ser ignorados por el Congreso, dado a que no son vinculantes.

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“Para consolidar una política criminal que sea razonable, coherente, que no sea populista, reflexiva frente a los fenómenos sociales, para nuestro caso, una crisis en materia penitenciaria y carcelaria que ya lleva décadas, es necesaria la participación del Congreso de la República, quienes no han acatado lo dispuesto en artículo 3, numeral 6 y 18 decreto 2055 de 2014, esto es, contar con el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal”, se lee en el informe.

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Además de estas propuestas, la Defensoría le recuerda al Gobierno y a la Corte Constitucional que sigue en trámite el proyecto de ley 014 de 2017 “Por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones”, y el mismo ayudaría a mejorar la articulación entre el Congreso, la rama judicial y el sistema penitenciario, que sigue faltando en el país.