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Gobierno activó los polémicos protocolos para la protesta social

MinInterior afirma que es una compilación de las normas vigentes y servirá de guía para la actuación de las autoridades.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, firmó la Resolución 1190 que ordena a las autoridades locales y de las fuerza pública adoptar el polémico protocolo de la protesta pacífica.

El protocolo que fue anticipado por Caracol Radio, “es una compilación de las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable que servirá de guía metodológica para la actuación de autoridades civiles y de policía durante las protestas pacíficas”, aseguró el ministro Rivera.

La resolución asegura que mediante el proceso de concertación que se adelantó se establecen, “lineamientos para la adopción de medidas pertinentes por parte de las autoridades del orden ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional y dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica como un ejercicio legítimos de los derechos”.

El protocolo además de contener nuevos enfoques y desarrollar el numeral 2,2,2 del Acuerdo Final de Paz con las Farc, establece la creación de nuevas instancias para proteger los derechos de la ciudadanía en medio de las manifestaciones.

De esta manera, “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”.

Se establece por ejemplo la creación de la, “Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella”, con presencia de las autoridades locales y delegados de los manifestantes, así como representantes de las organizaciones de Derechos Humanos.

Además se nombrarán gestores de convivencia para servir de mediadores, así como comisiones de verificación desde la Sociedad Civil.

En todo caso, todas las acciones plasmadas en los protocolos según el documento, estarán enfocadas a proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, tanto de quienes participan en la protesta pacífica, como de aquellos que no hacen parte de las movilizaciones.

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