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Piden que delitos de violencia sexual se castiguen con las penas de la JEP

Señalan que lo importante no son las penas de cárcel, sino saber la verdad.

Varias organizaciones sociales se unieron para hacerle un pedido especial a la Corte Constitucional que por estos días decidirá sobre la Ley Estatutaria de la JEP, que es la ley que reglamente la jurisdicción: quieren que se sancionen los delitos de violencia sexual con las penas establecidas en el acuerdo de paz, y no con las de la justicia ordinaria, como lo aprobó el Congreso de la República.

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Es decir, no están de acuerdo con que a los responsables se les impongan penas entre 17 y 40 años como lo establece el Código de Penal Ordinario, sino las penas de la JEP, que si hay reconocimiento de verdad impondría entre 5 y 8 años, y si no penas entre 15 y 20 años.

En este pedido se unió Women's Link, Dejusticia, Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y Ruta Pacífica de las Mujeres explicando que se quiere conocer la verdad.

"Aunque a primera vista puede parecer que tener penas de cárcel muy altas puede proteger mejor los derechos de estas víctimas, en la realidad es que se va a tener como consecuencia es que se va a retrasar la protección de estos derechos. Pues estas personas que cometieron estos delitos no van a tener ninguna razón para reconocerlos de entrada, pues no van a tener ningún beneficio, entonces el Estado tendrá que entrar a investigar y probar cada uno de estos delios", dice Mariana Ardila abogada de Women's  Link.

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La modificación la hizo el Congreso para los delitos cometidos contra menores de edad teniendo en cuenta la atrocidad de estos crímenes, pero las víctimas aseguran que quieren celeridad. De hecho, tienen en cuenta que la Fiscalía calcula que para juzgar los procesos de personas que se sometieron a Justicia y Paz y que son responsables de este tipo de delitos se demorarán 73 años en resolverse.

En este caso, la JEP, tendrá que aclarar al menos los casos de 48,915 víctimas menores de edad de violencia sexual, según cifras de Coalición contra la Vinculación de Ninõs, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico. Entonces, señala Ardila, "¿cuánto tiempo, cuántas décadas, van a tener que esperar ellos para que haya una satisfacción de sus derechos".

Ángela María Escobar, vocera de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, resume la preocupación que tienen en una sola frase: "Un victimario está viendo que le van a aplicar la pena establecida en Colombia, pues no va a confesar la verdad".

Señala Escobar que tiene 1.200 denuncias por justicia ordinaria en donde más 500 mujeres fueron víctimas de violencia sexual siendo menores de edad, y que siguen esperando respuesta.

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La Corte  Constitucional por su parte, está centrada en la discusión para determinar esta misma semana si avala o no la ley como fue aprobada en el Congreso.

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