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Investigación

Gobernadora de La Guajira se habría extralimitado en licitación de APP

Tania Buitrago, ordenó seguir el proceso para la construcción y mantenimiento de más de 70 km del sector conocido como el Circuito Francisco el Hombre

Un cuestionado contrato que ya revisa la Procuraduría General de la Nación tiene en la lupa a la gobernadora de La Guajira encargada Tania Buitrago, quien presuntamente se habría extralimitado en sus funciones al seguir adelante con el proceso de adjudicación de la Alianza Público Privada para la construcción y mantenimiento de más de 70 kilómetros del sector conocido como el Circuito Francisco el Hombre, por valor de un billón 200 mil millones de pesos.

La gobernadora siguió con el proceso aún cuando las facultades para el mismo terminaron el 30 de mayo del 2018, según la ordenanza 457 de la Asamblea Departamental: el 1 de junio se reunieron en la Gobernación el comité evaluador dándole luz verde al Consorcio Francisco El Hombre, único oferente del proceso, así como designaciones y modificaciones del cronograma del proceso.

“Estos serían actos nulos y deben ser revocados”, dijo una fuente que ha estudiado el proceso a Caracol Radio.

Sin embargo, en el marco del proceso las presuntas irregularidades continúan: el consorcio que presentó su oferta es integrado mayoritariamente por Licuas S.A, empresa que entregó como experiencia sus “servicios de explotación y mantenimientos de las redes de saneamiento y acueducto”, respondiendo así al requisito exigido de la Gobernación de tener experiencias en concesión sin definir el objetivo en específico por valor mínimo de 120 mil millones de pesos.

“Cualquiera que haya manejado una concesión, sin importar en qué sector, podía proponer. No se pide experiencia en vías, solo financiera”, señaló la fuente consultada.

Es así como fue seleccionada una firma experta en redes de acueductos para explotar una APP por más de un billón de pesos.

Otra de los presuntos vicios que tendría el proceso y que ya indaga la Procuraduría, es la falta de una póliza de seguridad en la oferta para garantizar la indemnización para el Estado en caso tal haya problemas para el inicio de la obra o abandono de la misma.

“Una APP de esta naturaleza debería contar con 1000 folios. Esta apenas tiene 250 registradas en el SECOP y 252 en físico, lo que representa otra irregularidad ya que no se hace la observación”, expresó otra fuente experta en este tipo de procesos de contratación.

Según lo establecido, esta APP está prevista a un plazo de 30 años con una proyección de 1 billón 200 mil millones de pesos, la cual para el presidente de la Asamblea, Ildefonso  Medina “La Guajira necesita esta vía por su impacto en materia de turismo y la salida de productos agropecuarios”.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la Asamblea de ese departamento, Ildelfonso Medina, señaló que “no hubo extralimitación de la gobernadora porque nunca se contrató la APP después de que se le vencieran las facultades. La Gobernación puede seguir evaluando pero no adjudicar sin el aval de la Asamblea”.

Agregó que a la mandataria encargada se le concedieron nuevas facultades que van hasta el próximo 31 de agosto “para que decida la ejecución o no de ese proceso contractual.

La cuestionada firma española que busca la APP

La Alianza Público Privada siguió adelante aun cuando el presidente del socio mayoritario del consorcio, Licuas S.A., afronta líos con la justicia de España al ser vinculado con el caso  Lezo.

La Guardia Civil de ese país indaga si Joaquín  Molpaceres pagó comisiones al expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio  González, para obtener jugosos contratos estatales, entre ellos del Canal de Isabel II y sus filiales en Colombia.

Según los investigadores, Licuas S.A. obtuvo entre el 2006 y el 2016 contrataciones con la empresa pública madrileña por más de 139 millones de euros, lo que podría representarle a Molpaceres el 50% de los ingresos totales de su compañía anualmente.

Licuas S.A. es una empresa española, según su página web, con más de 30 años de experiencia en áreas como construcción de obras civiles, zonas verdes y concesiones públicas y privadas, con presencia en Colombia,  Polonia y Catar.

Las autoridades investigan si la fortaleza económica de la compañía se dio por contratos amañados con las filiales como Inassa, la cual es objeto de investigaciones tanto en el viejo continente como en Colombia, por la presunta apropiación de 80 millones de dólares que según organismo de control, la multinacional cobró sin ejecutar el contrato de asistencia técnica firmado con Triple A hace 17 años.

Incluso, las oficinas de Licuas en España fueron registradas en abril del 2017 por las autoridades en busca de documentación que saquen a la vista irregularidades.

Joaquin Molpaceres es presidente también de la firma Coarsa, dedicada al sector inmobiliario en Madrid. Está vinculado al caso conocido en España como "Gürtel", en el que empresarios habrían realizado donaciones ilegales a políticos del Partido Popular.

Pero no es la primera vez que se cuestiona un contrato en Colombia donde Licuas S.A. tiene intereses: en marzo del 2016 la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) seleccionó por medio de una licitación al consorcio Aguas para Ibagué, en donde la empresa española es el socio mayoritario, para realizar las obras de la bocatoma Cay.

La adjudicación llevó a la Procuraduría a abrir una indagación contra la Financiera de Desarrollo para conocer si hubo irregularidades en la contratación, luego de que el presidente de Licuas S.A. fuera investigado en el Caso Lezo, proceso en el que las filiales de Canal Isabel II como Inassa, Metro Agua y Triple A, para las que trabajó el presidente de Findeter en su momento, Luis Fernando Arboleda, han sido vinculadas.

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