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Restitución de tierras

Luz verde a reforma rural integral

La Corte Constitucional aprobó el grueso de ley 902 de 2017 que fija pautas para el acceso y formalización de tierra, eje del acuerdo de paz.

La Corte hizo varios condicionamientos y tumbó el artículo 78 de manera unánime, que le daba paso a definir quiénes iban a hacer los jueces competentes para asumir los procesos en temas agrarios.


El alto tribunal no lo admitió y por tanto, queda tal cual como está en el ordenamiento jurídico, es decir, los jueces civiles serán los competentes.


Mientras tanto los condicionamientos, hacen precisiones para que se garanticen los derechos de las comunidades étnicas.


Entre ellos se encuentra el del artículo 9, que señala el reconocimiento de la economía del ciudadano, es decir que en todos los procesos de acceso y formalización de tierra se ve como positiva la ocupación o posesión de los predios, en especial para adelantar proyectos productivos.


Dice la Corte que eso aplica también para los terrenos comunales de las comunidades étnicas cuando personas extrañas a su comunidad tienen procesos de ocupación al interior de los mismos.


El artículo 55 también se condicionó. Este señala que siempre se buscarán Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos por tierras, y la Corte dice que no es necesaria la creación de una norma para reglamentarlos.

Además, que dichos mecanismos, deberán involucrar a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas y a los pueblos negros, raizales y palanqueros, pero teniendo en cuenta los derechos adquiridos.

Otro artículo condicionado es el 64, que señala que la Agencia Nacional de Tierras tendrá que identificar todas las resoluciones del Incora , del Incoder y de la misma Agencia que no han sido inscritas en las oficinas de registro de instrumentos públicos para hacer su registro.

El condicionamiento que hace la Corte es que que eso se debe hacer también para todas las comunidades y pueblos étnicos del territorio nacional.

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