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Contraloría encontró fallas en el manejo de la Unidad de Víctimas

Entre las irregularidades se detectó pagos de indemnizaciones a víctimas falsas.

En la auditoría del organismo de control se reveló que los pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias fueron entregados a víctimas falsas, por debilidades en el registro de la entidad y en el cruce de información o por la falsificación de documentos.

En los hallazgos fiscales de la Contraloría General, los pagos alcanzan una suma cercana a los $60 millones de pesos.

Ahora, en cuanto al manejo de los proyectos productivos, el organismo de control señala que han mostrado una escasa rentabilidad, acumulando pérdidas por los $2.000 millones de pesos.

Así mismo, el organismo de control advirtió que muchos de los bienes que fueron recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas no pertenecían a los victimarios, por lo que han debido restituirse.

Se trata de 70 inmuebles que habían sido entregados por los Bloques: Cacique Nutibara de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), la Casa Castaño y Tolima de las ACCU, con lo que se evidencian las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz.

Por otro lado, también se encontró que de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo de Reparación para las víctimas, el 58% se encontraban sin administración.

A través de un comunicado, la Unidad para las Víctimas manifestó que llevó ante los tribunales y la Fiscalía las denuncias por falsas víctimas que se estaban quedando con las indemnizaciones, y justificó que los proyectos productivos pueden tardar hasta 20 años en ser rentables.

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