Banco deberá tener intérpretes permanentes en sus 22 sucursales

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión de conceder 22 acciones populares a un ciudadano que reclamó los derechos colectivos de personas ciegas, sordociegas e hipoacústicas solicitando a un banco tener intérpretes de planta o permanentes para la atención de esta población.

La decisión la tomó el Tribunal Superior de Pereira, pese a que el Juzgado Civil de Santa Rosa de Cabal las había rechazado.

El tema llegó hasta la Corte porque el banco solicitó la protección de sus derechos a la defensa e igualdad. Argumentaba, entre otras cosas, que la implementación de los intérpretes sin reglamentación puede configurar una violación a la seguridad de los usuarios financieros; y que cumple con las disposiciones de la Superintendencia Financiera en relación con la atención de la población en situación de discapacidad.

Insistió que Ministerio de Educación, “no ha emitido reglamentación para el reconocimiento de quienes puedan prestar ese servicio, lo que dificulta atender la orden y abre la puerta para que el actor popular acuda al incidente de desacato”, y que la orden era “imposible de cumplir”.

Pero la Corte señaló que la decisión del Tribunal “no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva” y que pese a que el banco resaltó que hay otros medios con los que se puede atender a estas personas, nunca desvirtuó que la ausencia de los intérpretes “constituía un bastión suficiente para establecer la amenaza de las garantías colectivas invocadas”.

En consecuencia, Bancolombia tendrá que tener un intérprete permanente en 22 de sus sucursales, con la posibilidad de capacitar a alguno de sus funcionarios en lenguaje de señas.