A la cárcel Roberto Prieto
El ex gerente de la campaña Santos Presidente es investigado por la llamada Ruta de Sol 3.
La Fiscalía le imputó a Roberto Prieto los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
El ex gerente de la campaña Santos Presidente es investigado por gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura un millonario contrato en la Ruta del Sol 3 a cargo de Yuma Concesionaria que resultó adjudicado y le dejó como ganancia, según la Fiscalía, $650 millones.
El juez 45 de control de garantías de Bogotá avaló los argumentos de la Fiscalía para solicitar la reclusión de Prieto en una cárcel, por lo menos mientras avanza la investigación.
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Dijo el juez que podría afectar o interceder ante los testigos, destruir u ocultar pruebas para entorpecer la investigación de la Fiscalía.
"Es necesaria la medida de aseguramiento en contra del señor Roberto Prieto por cuanto se confirman las mismas necesidades de la medida", señaló el juez en su decisión.
A Prieto le pagaron con contratos simulados y facturas que salieron de la empresa Megaland para justificar supuestas asesorías y trabajos que nunca se realizaron, pero que fueron muy bien remunerados.
Son varios los aplazamientos que en el caso de Roberto Prieto y los representantes del Grupo Solarte quedaron como beneficio para los implicados, pero los jueces decidieron no darle más largas al asunto y este martes podría quedar definida la medida de aseguramiento en su contra.
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Prieto tiene un enredo porque supuestamente sirvió como intermediario entre la multinacional Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura para el proyecto de la Ruta del Sol 3 y que dejaron a cargo del concesionario Yuma. Por esas gestiones Prieto recibió, supuestamente, $650 millones que se pagaron con contratos simulados a través de otra empresa enredada en el proceso.
En el caso de Carlos Alberto Solarte y su hija Paola Fernanda Solarte, representantes del Grupo Solarte, la Fiscalía tiene pruebas de supuestas irregularidades en el contrato del interconector Tunjuelo – Canoas en Bogotá y que superó los $80.000 millones.
