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Condenan a la Nación por la muerte de una madre gestante

El Consejo de Estado ordenó el pago de más de 642 millones de pesos.

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El Tribunal Administrativo de Cauca había condenado en el año 2009 al Hospital Universitario de San José de Popayán por la muerte de una mujer gestante y las lesiones permanentes que se le causaron a su hija.

El Consejo de Estado modificó esta decisión y condenó a la Nación, pues estos hechos fueron consecuencia de la mala atención médica que recibió y a la discriminación  de género.

La madre contaba con una remisión de un Hospital de segundo nivel a uno de tercer nivel, porque le diagnosticaron macrosomía fetal y parto prolongado que lo valoraba como de alto riesgo. Pero el traslado no se hizo.

El Hospital, explicó el Consejo, “señaló que no eran causas para una atención en dicha institución y que no contaba con camas disponibles”.

El Consejo ratifica la condena, pero ordena una reparación integral “por tratarse de un caso en que se echa de menos el trato que la mujer requiere por su propia condición, lo que evidencia la discriminación  género”.

Por esto, además de lo que deberá pagar, la entidad condenada deberá ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada si está de acuerdo la familia.

El hospital, en su página Web deberá dar a conocer esta decisión y se ordena adoptar políticas que generen conciencia sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños recién nacidos.

“Se dispuso el envío de una copia de la providencia a Alta Consejería para la Equidad de la Mujer con el fin de que promueva políticas que optimicen la prestación de la atención en gineco-obstetricia y minimicen los eventos de muerte materna y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, para que la incluya en el observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género”, agrega el Consejo.

Denis Silva, vocero de pacientes Colombia celebró la decisión, “porque se está sentando precedente, que si hay corresponsabilidades en la mala prestación de los servicios y porque dignifica los derechos de mas mujeres”.

El pago que deberá efectuar la nación, según el Consejo de Estado supera los 642 millones de pesos.

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