Colombia defendió y asumió nuevos retos del acuerdo de paz frente a la ONU

Colombia

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno colombiano defendió el acuerdo de paz con la FARC y asumió los grandes "retos y desafíos" que el Estado tiene para poder implementarlo y lograr una sociedad más justa y equitativa.

Colombia se sometió hoy por tercera vez al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación del cumplimiento de los compromisos con los derechos y leyes fundamentales al que deben someterse los 193 países de Naciones Unidas y que se realiza en el marco del Consejo.

"El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha demostrado un compromiso con la promoción de una cultura de derechos humanos que ha pasado por la búsqueda de la paz, la equidad y la educación. Hoy Colombia es un país muy diferente del de hace unos lustros", afirmó el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores.

Rivera recordó la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016 y que el Ejecutivo está involucrado en la búsqueda de un tratado similar con la guerrilla del Eln y asumió que ambos procesos "no están exentos de retos y dificultades".

Pero dejó claro que en ambos casos "el Estado avanza hacia la búsqueda de la paz".

"La firma del acuerdo no es la paz en sí misma, sino la búsqueda de una sociedad más justa e incluyente", recalcó el ministro.

Rivera Flores relató todos los progresos conseguidos en un año y medio desde el acuerdo de paz con las FARC, como la reducción de los índices de la violencia, que ha llevado a que en 2017 se diera el menor número de actos violentos de los últimos 42 años "lo que permitió salvar 3.000 vidas".

Sostuvo que las labores de desminado han logrado que los accidentes hayan disminuido un 95 %, y que una tercera parte de los pueblos con sospecha de minas se hayan convertido en municipios libres de esos artefactos, aunque se sigue trabajando en 232 localidades.

Asimismo, el ministro indicó que 69.000 familias forman parte del programa para sustitución de cultivos de sustancias ilegales y que la mitad ya ha recibido el primer desembolso.

El responsable anunció que 12.000 excombatientes han recibido su renta básica y se han afiliado a la seguridad social, y que se han restituido 300.000 hectáreas de tierra.

El diplomático reconoció que el Gobierno tiene un problema grave con la persistencia de desplazamientos forzosos de población rural y, sobre todo, con la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes indígenas y sindicales.

"Estamos luchando contra la impunidad de los homicidios de defensores de derechos humanos", afirmó y explicó que se ha creado una unidad específica en la Fiscalía y en la Policía para esclarecer estos asesinatos, e informó de que 4.000 activistas están siendo protegidos por el Estado.

"Sabemos que el camino de la reconciliación es largo, pero sabemos que lo estamos construyendo", concluyó.