Alarma por llegada de medicamentos vencidos y falsificados

Desde analgésicos hasta los tratamientos más complejos y costosos para pacientes con enfermedades de alto riesgo, eran falsificados o ingresados de contrabando por una red criminal que se habría instalado en los departamentos de Antioquia y Nariño, informó la Fiscalía.

Los integrantes de esta organización que puso en riesgo la salud de los colombianos, vendían las medicinas a droguerías o distribuidores que se encargaban de ponerlas en dispensarios y centros de salud. Los productos eran obtenidos a través de varias modalidades ilegales, como:

1. Contrabando: Gracias a las alertas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y de varios laboratorios farmacéuticos, investigadores de la Fiscalía descubrieron el método utilizado para auspiciar el ingreso ilegal de medicamentos al país.

Diferentes productos vencidos, descompuestos y descontinuados en Venezuela y Ecuador, cruzaban la frontera y eran recibidos por un grupo encargado de embalarlos y camuflarlos en encomiendas que eran transportadas en buses de servicio público hasta Medellín.

Otras personas que harían parte de la organización modificaban los empaques, borraban con betún las fechas de expiración, el número de lote de fabricación, los nombres y características del medicamento, para remarcarlos con nueva información que les permitía venderlos como nuevos y auténticos.

Los elementos dan cuenta que las medicinas eran almacenadas sin ningún protocolo de conservación ni protección.

2. Falsificación: las cajas de los fármacos eran falsificadas y se les daban la apariencia del producto que necesitaban vender. De esta forma, los pacientes recibían una medicina cuyo contenido no correspondía ni generaba el efecto esperado.

3. Medicamentos de uso exclusivo: la estructura criminal habría cooptado empleados de algunas EPS que les facilitaban medicamentos de uso exclusivo de esas entidades de salud, que no podían quedar ni ser administrados por particulares.

Esta actuación ilegal representaría una defraudación a los recursos que el Estado provee para la atención de los afiliados, en el entendido que las medicinas eran comercializadas por una organización ilegal.