Un grupo de magistrados vieron en la JEP un botín burocrático: Correa

A través de una carta, Néstor Raúl Correa, quien dejará su cargo como secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a principios de mayo, manifestó que un grupo de nueve magistrados de ese tribunal hicieron lobby y lograron modificar las funciones de la Secretaría Ejecutiva (SE), pactadas en los acuerdos de La Habana.

Según Correa, luego de la posesión de los 38 magistrados que harían parte del tribunal, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, convocó a un desayuno el 6 de octubre de 2017, en el cual se conformó el llamado “Comité Estratégico”, para diseñar una estrategia y así quitarle funciones a la SE y modificar la distribución de poderes al interior de la JEP.

Dice Correa que ese grupo de magistrados, liderados por Linares, lo conforman Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes.

Correa señala que el objetivo de ese grupo fue “incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al SE en el Acuerdo de Paz, en el Acuerdo Especial de la Secretaría, en el Acto Legislativo y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP”.

La idea, señala Correa, era quitarle esas funciones al SE, “pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al SE del órgano de gobierno, para que no tuviera voto”.

Según narra Correa en dicha carta, en la segunda semana de octubre del 2017 le presentó a Patricia Linares una propuesta sobre cómo debía ser el organigrama y planta de personal de la JEP.

“Allí se preveía una planta “minimalista”, de 440 personas en total (una magistratura con 152 cargos y el resto para grupos comunes y para la Unidad de Investigación y Acusación y para la SE), cuyo número evolucionaría hacia arriba y hacia abajo a lo largo de los 10 años de la JEP”, y señala que no se contemplaba la figura de magistrados auxiliares para los magistrados de la JEP, sino un equipo de asesores de 3 personas por despacho.

Correa señaló que antes de que el fallo de la Corte Constitucional, Linares ya había presentado a los ministro de Justicia, Enrique Gil y del Interior, Guillermo Rivera, “la propuesta del Comité Estratégico en la que se solicitaba cambiar numerosos artículos del proyecto de ley estatutaria que se discutía en el Congreso”.

También dijo que el 17 de noviembre de 2017 el Comité Estratégico se reúne con la SE y le expone su contrapropuesta de planta de personal. “Allí se pide una planta “maximalista” de 5 magistrados auxiliares para cada despacho del Tribunal para la paz y de 11 personas para cada despacho de magistrado: el magistrado y 10 asesores”

Además se presentó una planta de más alto costo, por la presencia de dichos magistrados auxiliares. “Al final los magistrados quedaron con 3 de los 5 magistrados auxiliares que habían solicitado y en todo caso las plantas de cada despacho quedaron de 10 personas de libre nombramiento y remoción por parte de los magistrados. En total la JEP quedó con 873 cargos, de los cuales los magistrados nombran directamente 479 personas”, señaló Correa.

Luego, cuando se expide el reglamento de la JEP, el pasado 15 de marzo de 2018, “se excluye al SE como miembro del órgano de gobierno, se le pone período (que no tenía) de dos años y se le quitan otras funciones adicionales, típicamente administrativas”.

Correa señala por ejemplo, que “la presidenta de la JEP, Patricia Linares, asume la función de conceder las licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, comisiones, viajes, etc., de todo el personal de la JEP”.

Correa concluye la carta diciendo que “los magistrados que integran el Comité Estratégico no podían incidir para beneficio propio en la redacción de los textos que los iban a regular….Uno no puede tomar la ley en sus manos.” Señala que ellos “vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al SE del órgano de gobierno”.

Según Correa, “al final quedó configurada una JEP que compromete el funcionamiento de un sistema de justicia transicional, que pone en riesgo los derechos de las víctimas y que privatiza el interés general”. Dice que dio la batalla para que lo anterior no sucediera, pero al final, se quedó sin espacio y sin funciones. Y por eso renunció.