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Por procesos “amañados” podrían pagarse hasta $500 millones

Existen dudas y versiones sobre cómo manipular el sistema de reparto de Paloquemao.

Paloquemao es el centro judicial más grande del país, hay 48 juzgados de garantías y 56 de conocimiento y en promedio se hacen entre 50 y 60 audiencias inmediatas y entre 60 y 70 audiencias programas en un día. Todo el Trabajo se coordina a partir de un sistema aleatorio que asigna un caso específico a un juez, pero aunque existe este software, persisten las dudas alrededor de estos procedimientos. 

Según el Gabriel Lara, el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales el sistema está certificado. 

“El software está instalado en las ventanillas de reparto, tiene las garantías que están establecidas tanto por el Consejo Superior de la Judicatura como por las que regulan el sistema de reparto de administración judicial”, asegura. 

De hecho hay muchos que confían el el sistema, como el abogado y director de Posgrados de Penal de la Universidad Libre, Jesús Parra. 

“El Centro de Servicios los somete a reparto y le asiste de manera aleatoria y le señala o le asigna un juez de control de garantías”, dice Parra. 

Pero no es el caso de todos, de hecho hay versiones que señalan que se puede manipular. Un abogado litigante, que pidió que no se relevara su identidad explicó, cómo supuestamente se burlaría el sistema. 

“Esos número muchas veces no son tan aleatorios, siguen siempre una secuencia entonces uno podría decir: hoy yo radiqué mi denuncia y si el radicado termina en 100 a los 20 días podría ser el tiempo en el que 300 podría estar con mi proceso”, dice. 

Es decir, se guardarían las denuncias para que sea radicado solamente cuando se sabe que saldrá con el juez que desea y en esto, dice, se habla de sumas de dinero: “yo sé que cuando los procesos son amañados pueden costar hasta $500 millones”. 

Sobre esto sin embargo no hay denuncias formales, pero sí habrían las que ha interpuesto el abogado Jesús Yepes. 

“Nos hemos tenido que quejar y denunciar ante el Consejo Superior de la Judicatura que consideramos, en algunos casos ha sido asignaciones, a petición, hemos considerado de los propios fiscales”, dice Yepes. 

De hecho asegura que en muchas ocasiones pide a la Procuraduría su vigilancia, y no sería el único abogado en hacerlo. 

“Los abogados con frecuencia tenemos que solicitar al Centro de Servicios que se convoque a la Procuraduría para que se haga el reparto en presencia de sus delegados y de los abogados que nos asegure que es objetivo el debido proceso”, dice Yepes. 

El viceprocurador Juan Carlos Cortes asegura que siempre están en disposición. 

“Por supuesto sí puede haber quejas sobre el particular pero lo que tenemos que garantizar y sé que esa es la orientación de la rama judicial es que esos procesos se den con toda la transparencia y con toda la objetividad y ahí el Ministerio Público concurre para ese efecto”, dice el viceprocurador. 

Yepes, dice sin embargo, que no hay quién garantice que estos repartos se hacen siempre de manera parcial, pues no da credibilidad a que el sistema sea aleatorio y pide presencia permanente del Ministerio Público y respuestas del Consejo Superior de la Judicatura. 

Por lo pronto, se sabe que en Paloquemao, donde debe primar el principio de buena fe, reina la desconfianza.

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