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Por crédito a Navelena formulan cargos a junta directiva de Banco Agrario

La decisión se da por la presunta aprobación de un crédito por $120.000 millones en diciembre de 2015.

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la investigación y formuló pliego de cargos en contra de once miembros de la Junta Directiva y directivos del Banco Agrario, por presuntas irregularidades en el empréstito por 120 mil millones de pesos otorgado al consorcio Navelena que cuenta con la participación de la Constructora Odebrecht de Brasil.

La medida cobija a Arturo Adolfo Dajud Durán, como delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Andrés Escobar Arango, como delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Luis Fernando Mejía Alzate, como representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno Nacional y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupinán Heredia, como miembros independientes.

También fueron incluidos al expresidente de la entidad financiera, Francisco Solano Mendoza; a las exvicepresidentes de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz y de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca y al gerente de Cuenta en Banca Empresarial – Gerencia Regional Bogotá, Omar Arturo Páez Forero.

Para los miembros del Comité de Crédito Delegado de Junta Directiva del Banco, y para las Vicepresidentas de Crédito y Cartera, y de Banca Agropecuaria, se les cuestionó por recomendar el préstamo sin tener en cuenta que Navelena no contaba con liquidez para respaldar el crédito.

La Procuraduría consideró que los funcionarios tenían el deber de realizar el análisis del cliente, no obstante, recomendaron la aprobación del crédito sin haber valorado adecuadamente que el socio del Consorcio Navelena, la Constructora Norberto Odebrecht Colombia se encontraba en causal de liquidación para la fecha en que se solicitó el crédito; esto, unido a que Navelena S.A.S. presentaba pérdidas acumuladas del orden de $226.6 millones y un nivel de endeudamiento del 99%.

Las presuntas faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolor para los miembros de la Junta Directiva del Banco que eran particulares, y como graves a título de dolo para los funcionarios de la entidad financiera que eran servidores públicos, para la época de los hechos.

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