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Comunidades ratifican ante la Corte efectos que dejan proyectos mineros

Gobierno defiende los aportes económicos para el desarrollo del país.

Manifestantes /

Ante la Corte Constitucional en una audiencia pública para definir el alcance de las consultas populares, las comunidades expresaron su rechazo a los proyectos mineros, al tiempo que voceros gobierno destacaron los aportes económicos para el país.

Durante la audiencia, el representante legal de Mansarovar, Carlos Alberto Benavides, manifestó que “nuestra relación con el Estado se desarrolla en un marco contractual (....) con el esfuerzo de darle al Estado ganacias económicas acorde con la legislación”.

Señaló que desde la adjudicación del proyecto, desde la compañía se entendía que “se iba a entender grandes desafíos y siempre actuamos diligentemente para atenderlos”.

Ante este panorama, Benavides, instó a las “a las autoridades estatales regulen el tema (...) aclarar las reglas de juego al momento de celebrar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos”.

Por su parte, la magistrada Teresa Herrera Andrade del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta argumentó que no se debe desconocer que la consulta popular es una expresión del principio democrático y es deber del Estado fomentar las prácticas democráticas articulo 41 de la Constitucional Nacional.

Explicó que el municipio “puede adoptar medidas para la protección del medio ambiente por lo que puede prohibir restringir o permitir actividades de exploración y explotación actividades minero energéticas”.

A su turno, el alcalde de Cumaral, Miguel Antonio Caro, manifestó que esta situación “nos afecta la competitividad porque al no conseguirse obreros para trabajar en una restaurante pues toca traerlos de otras partes, esto nos afecta la gobernanza, la gobernabilidad es muy difícil tomar decisiones con gente de otras culturas. Lo estamos asimilando, hacemos esfuerzos para eso, pero nos cuesta”.

Según el mandatario, “No entendemos cómo se ha aumentado el polígono del proyecto y ha aumentado la sismicidad(...) todo esto se debe a que hay estudios deficitarios sin independencia y ausencia de estudios técnicos“.

Entre tanto, el ministro de Minas, Germán Arce, se refirió a las consecuencias que dejarían prohibir estas actividades mineras. “Los efectos de prohibir trascienden a los efectos económicos, pues afectan servicios públicos esenciales del Estado(...) En el caso de gas y energía se amenaza la prestación de esto servicios al no permitirse su debida explotación”.

Según el funcionario, el sector minero ha redefinido la forma en cómo se relaciona con las regiones, se ha acercado a territorios construyendo diálogos con la comunidad para poder contribuir al desarrollo.

“En los últimos diez años la industria energética ha contribuido un 9% al producto interno colombiano siendo uno de los mayores aportes realizados, demuestra una confianza inversionista”, explicó el funcionario.

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