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Avanza en la Corte audiencia pública sobre consultas mineras

Se debate si las regiones tienen o no derecho a impedir actividades extractivas.

Minería /

La Corte Constitucional realiza hoy jueves una audiencia pública para definir el alcance de las consultas populares y si a través de este mecanismo se puede prohibir la explotación de recursos naturales no renovables para las actividades mineras en las regiones. 

La diligencia en la Corporación Judicial se da en el marco de la revisión que está haciendo el alto tribunal de una tutela de Mansarovar Energy Ltda. Tras la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta que dio luz verde a una consulta popular que finalmente frenó la extracción de petróleo en el municipio de Cumaral en este departamento. 

Durante la audiencia, el representante legal de Mansarovar, Carlos Alberto Benavides, manifestó que “nuestra relación con el Estado se desarrolla en un marco contractual (....) con el esfuerzo de darle al Estado ganancias económicas acorde con la legislación”. 

Señaló que desde la adjudicación del proyecto, desde la compañía se entendía que “se iba a entender grandes desafíos y siempre actuamos diligentemente para atenderlos”. 

Ante este panorama, Benavides, instó a las “a las autoridades estatales regulen el tema (...) aclarar las reglas de juego al momento de celebrar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos”. 

Por su parte, la magistrada Teresa Herrera Andrade del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta argumentó que no se debe desconocer que la consulta popular es una expresión del principio democrático y es deber del Estado fomentar las prácticas democráticas artículo 41 de la Constitucional Nacional. 

Explicó que el municipio “puede adoptar medidas para la protección del medio ambiente por lo que puede prohibir restringir o permitir actividades de exploración y explotación actividades minero energéticas”. 

A su turno, el alcalde de Cumaral, Miguel Antonio Caro, manifestó que esta situación “nos afecta la competitividad porque al no conseguirse obreros para trabajar en una restaurante pues toca traerlos de otras partes, esto nos afecta la gobernanza, la gobernabilidad es muy difícil tomar decisiones con gente de otras culturas. Lo estamos asimilando, hacemos esfuerzos para eso, pero nos cuesta”. 

Según el mandatario, “No entendemos cómo se ha aumentado el polígono del proyecto y ha aumentado la sismicidad(...) todo esto se debe a que hay estudios deficitarios sin independencia y ausencia de estudios técnicos“. 

Entre tanto, el ministro de Minas, Germán Arce, se refirió a las consecuencias que dejarían prohibir estas actividades mineras. “Los efectos de prohibir trascienden a los efectos económicos, pues afectan servicios públicos esenciales del Estado (...) En el caso de gas y energía se amenaza la prestación de esto servicios al no permitirse su debida explotación”. 

Según el funcionario, el sector minero ha redefinido la forma en cómo se relaciona con las regiones, se ha acercado a territorios construyendo diálogos con la comunidad para poder contribuir al desarrollo. 

“En los últimos diez años la industria energética ha contribuido un 9% al Producto Interno Colombiano siendo uno de los mayores aportes realizados, demuestra una confianza inversionista”, explicó el funcionario. 

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