Contraloría advierte irregularidades en pagos por brazaletes electrónicos

De acuerdo con la Contraloría, “en solo 4 meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad, lo que puede llegar a configurarse en un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo”.

Señala la Contraloría que esta situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, en que se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago.

“Antes la USPEC sólo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la humanidad del beneficiario, mientras ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del INPEC y la empresa contratista”, explica la Contraloría.

“A pesar de las reuniones entre representantes de la USPEC y el INPEC para la definición de los requerimientos para el servicio de vigilancia electrónica, una vez adjudicada la nueva negociación, se efectuaron cambios a las especificaciones del negocio, incrementando el valor final de la tarifa, en detrimento de la transparencia de la convocatoria pública, pues se pasó de un valor de prestación del servicio diario de $17.556,10 a $20.093,8, equiparando incluso el valor que se venía pagando bajo el contrato anterior”, explica un informe del organismo de control.