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JEP empezará a determinar quiénes sí entrarán a la justicia especial

Hay más de 7.000 personas que se postularon pero será la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas quien decide.

Tal y como lo había anunciado su presidenta, Patricia Linares, la Jurisdicción Especial para la Paz abrirá sus puertas este jueves para emprender una tarea grande: asumir los casos que se dieron en el marco del conflicto armado e impartir una justicia que permita un nuevo comienzo.

Además de recibir los informes de las organizaciones sociales, la principal tarea que emprende desde este jueves la JEP es la revisar si los casos de los 7.392 postulados realmente entrarán a ser revisados o no en el marco de esta jurisdicción. Tarea que tiene que desarrollar, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Dentro de esos más de 7.000, cerca de 1820 militares y policías y cerca de 27 particulares.

¿Quiénes se han postulado?

Políticos, militares, ex gobernadores, muchos son los que han pedido pista en la JEP.

Uno de los más polémicos, es el ex ministro de Protección Social, Diego Palacio -quien argumentó que se vio involucrado en lo de la Yudispolítica con motivo de mantener la “Seguridad Democrática”- y el ex ministro del Interior, Sabas Pretelt.

También se encuentran ex jefes paramilitares, tales como Salvadore Mancuso, preso en Estados Unidos; Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio'; y José Gélvez Albarracín, alias 'Canoso'.

El exgobernador Sucre, Salvador Arana, el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, incluso el exsenador conservador Julio Manzur Abdala procesado en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Este último pidió a la Corte que suspendiera su proceso por la petición, pero el alto tribunal o accedió a su pretensión, así como tampoco lo hizo ante la misma solicitud del sargento del Ejército, Iván Mauricio Ochoa Yepes, condenado a 43 años por un ‘falso positivo’.

El general (r) Miguel Maza Márquez, condenado por la muerte de Luis Carlos Galán, también pidió pista en la JEP; el empresario Luis Fernando Zea Medina condenado a diez años y cinco meses de prisión por desplazamiento forzado; y el general en retiro Rito Alejo del Río Rojas.

Contra este último, la Fiscalía encontró varias pruebas que indicarían su responsabilidad en la masacre de Mapiripán, incluso se expidió medida de aseguramiento en su contra, pero fue sustituida por una ‘medida no restrictiva de la liberad’.

Estas son algunas de las personas que quieren ser acogidas en esta jurisdicción, pero la JEP tiene la última palabra y fuentes de la corporación dudan de que aquellos que ya se sometieron a Justicia y Paz sean aceptados, así como los parapolíticos.

 

 

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