Economía

Siguen las reacciones a las declaraciones de Andrade

La entrevista del ex presidente de la ANI con Hora 20 generó inmediata controversia

Luis Fernando Andrade

Luis Fernando Andrade(Colprensa/Archivo)

La entrevista exclusiva que entregó a Hora 20 de Caracol Radio el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, sigue generando reacciones polémicas, debido a sus declaraciones acerca de la forma como se dio el proceso de contratación con la empresa brasileña Odebrecht. 

Una de ellas es cuando Andrade se declara extrañado de ser el funcionario que tiene más problemas judiciales, pese a que “no podía tomar la decisiones solo, las más importantes se tomaban a nivel de Conpes, con el presidente de la República (Juan Manuel Santos), el vicepresidente (entonces Germán Vargas Lleras) y el ministro de la Presidencia, hoy fiscal general (Néstor Humberto Martínez)”. 

Ver También: Decisiones se tomaban con el presidente, vice y minpresidencia, hoy fiscal

Esta primera declaración generó inmediata controversia, pues personas cercanas al proceso de contratación aclararon que, en efecto, esos altos funcionarios firmaron el documento Conpes 3817 el 2 de octubre de 2014, pero que el mayor problema judicial ocurrió con la firma de la adición aprobada antes, en marzo de ese año, que sí fue firmada por Luis F. Andrade. 

Otra declaración de Andrade que ha generado polémica es en la que se refirió a la terminación del contrato con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol II, trámite que no se hizo declarando la caducidad de ese convenio, decisión que ha generado críticas de distintos analistas. 

En la entrevista a Hora 20, el expresidente de la ANI dijo que la decisión la tomó por una orden perentoria de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Ver También: La orden que recibió Andrade de la SIC para acabar contrato de Ruta del Sol

Al conocer esa versión, el abogado Hugo Quintero calificó como muy grave la actuación de la SIC, por considerarla fuera de su competencia. 

 Ver También: Es grave lo que dice Andrade sobre la orden que recibió de la SIC: Quintero

Otro analista, José Roberto Acosta, de Justicia Tributaria, le dijo a Caracol Radio que el Superintendente, Pablo Felipe Robledo, intervino de una forma indebida o por lo menos sospechosa solicitando la terminación del contrato Ruta del Sol II y no pidiendo la figura de declarar caducidad. 

Dijo que esta situación, al presionar la terminación anticipada, terminó favoreciendo a los contratistas, porque ese camino de la liquidación anticipada lo que hacía era evitar la caducidad por parte del Estado y eliminar la terminación unilateral por cuenta de los hechos de corrupción. 

Agregó que el Superintendente no debía haberse metido en una relación contractual en la que no tenía ninguna competencia para actuar en este proceso. En su opinión, era la Agencia Nacional de Infraestructura la encargada de caducar el contrato sin la injerencia del Superintendente de Industria y Comercio. 

RESPONDE EL SUPERINTENDENTE 

Pero el superintendente Pablo Felipe Robledo da una explicación muy distinta: “Ese contrato en realidad no se terminó por una orden de la SIC; se terminó por mutuo acuerdo entre la ANI (como contratante) y el consorcio contratista. 

“La SIC decretó medidas cautelares ordenándole a la ANI (Andrade) terminar el contrato de Ruta del Sol II, porque se habría suscrito en violación de una prohibición legal (está prohibido violar la libre competencia) y la ANI llevaba más de un mes tratando de terminar el contrato por mutuo acuerdo. Lo logró un par de días después de la orden de la SIC, por esa razón, no es cierto que se haya terminado por la orden de la Superintendencia. 

Además, Robledo explicó que a decisión de la SIC fue del jueves 16 de febrero de 2016 y se le notificó a la ANI el viernes 17 de febrero, dando un plazo de tres días hábiles, que se vencían el miércoles 22 de febrero a las 11:59 pm. “Y mire que el acuerdo de terminación por mutuo acuerdo fecha 22 de febrero de 2016. Para esa fecha el Tribunal de Cundinamarca había suspendido el contrato, la SIC había ordenado terminarlo y la fiscalía tenía a varias personas privadas de la libertad e investigadas”.

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