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Gobierno activará plan integral para intentar frenar asesinatos de líderes

Caracol Radio publica el documento que se firmará en los próximos días, que destina nuevos recursos y crea nuevos mecanismos de protección.

Frente al escenario que vive Colombia con el aumento en el número de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, el Gobierno Nacional diseñó un nuevo programa integral de protección colectiva, que se expedirá en los próximos días en un decreto que publica Caracol Radio.

Se trata del borrador del decreto anunciado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera y el vicepresidente, Oscar Naranjo, “por el cual se crea y se reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones, líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género y defensoras de derechos humanos en los territorios”.

La normativa que por ahora tiene 28 páginas y 6 capítulos, garantiza los recursos para el financiamiento de nuevas instancias, mayor articulación de las instituciones con la fuerza pública y las organizaciones sociales, al igual que crea nuevas figuras de protección colectiva en el territorio como los ‘promotores comunitarios de paz’.

Los objetivos del nuevo programa serán no solo adoptar medidas para la protección de los líderes sociales, sino además, “fortalecer la actividad de denuncia de las organizaciones de Derechos Humanos en los territorios”.

El programa tendrá 4 componentes básicos, establece medidas integrales de prevención, seguridad y protección; crea un programa de promotores comunitarios de paz y convivencia; inicia un protocolo de protección para territorios rurales y activará un programa de apoyo a la actividad de denuncia.

Uno de los aspectos más relevantes es el papel que jugarán los alcaldes y gobernadores, al igual que la Policía Nacional, para garantizar la seguridad de los líderes sociales en el país.

Nuevas acciones de seguridad y protección

Dentro de las acciones establecidas para mejorar la seguridad de los defensores de derechos humanos se establece, “capacitación en protección y autoprotección. Misiones humanitarias y/o de verificación impulsando la respuesta institucional”.

“Medios de comunicación y alarmas adaptadas a las condiciones de territorio. Medidas arquitectónicas para fortalecer y proteger el entorno de las comunidades (cercas, vallas, entre otras). Fortalecimiento de las comunidades y organizaciones sociales. Actos públicos, campañas de reconocimiento, pronunciamientos oficiales públicos sobre el respeto a la diversidad”, para promover la protección colectiva.

Además se deberán emitir directivas y circulares, resoluciones y actos administrativos en favor del respeto y la garantía a la labor de defensores y defensoras. Así como se deberá dar un impulso a la investigación desde todas las instituciones por los hechos denunciados.

Se elaborarán además, según la norma, planes integrales de prevención para las comunidades en sus territorios. La Policía “tendrá un papel fundamental en la elaboración de los planes de prevención”.

El borrador del decreto establece que Policía contará con medidas especiales de respuesta donde se incluyan, “listados y canales de comunicación expeditos”, al igual que se establecerán reuniones periódicas de evaluación. Por lo menos una vez al mes deberán evaluar las rutas de atención a amenazas y riesgos.

Se define un ‘Protocolo de Protección para Comunidades Rurales’ para detectar eventos o situaciones de riesgo.

Así mismo, el documento establece un mecanismo más rápido de identificación y reacción ante las amenazas. Se prevé un sistema de recepción de información a cargo de la entidad territorial, de allí se realizará un análisis técnico preliminar con el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía para activar las rutas de prevención, protección y no repetición.

Las autoridades locales deberán además fortalecer los espacios de interlocución entre el Estado y las organizaciones, promover actos públicos y simbólicos como medidas de reconocimiento o de rectificación y reparación a las organizaciones y movimientos sociales que hayan sido objeto de estigmatización, acompañar la gestión de proyectos e impulsar programas de formación, entre otros.

La normativa establece acciones para un mayor reconocimiento a la labor de las mujeres y sus organizaciones, así como medidas para la prevención y superación de la estigmatización y discriminación.

Además se prevé un despliegue preventivo de seguridad que incluye, fortalecer la capacidad de movilización de las instituciones, “para realizar presencia efectiva en los territorios”, desarrollar acciones de prevención temprana, mecanismos para la identificación y análisis de riesgos, entre otras acciones.

Se crearán nuevas instancias y programas para la protección de defensores de derechos humanos

Se diseñarán nuevas instancias, para articular la capacidad del Gobierno, con el accionar de la fuerza pública en el territorio y acercar a las comunidades. Además se implementarán dos programas específicos con promotores de paz y un sistema para mejorar la atención a las denuncias.

Se creará una la denominada, ‘instancia de Alto Nivel para la dirección, coordinación y articulación’, al igual que un Comité Técnico del Programa Integral de Seguridad y Protección para realizar el seguimiento.

Se diseñará además una ‘Instancia Territorial para implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones y líderes’, que será coordinada por alcaldes y gobernadores.

Además se creará el ‘Programa de Promotores Comunitarios de Paz y Convivencia’, “con el propósito de impulsar los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria”.

El promotor será una persona natural, “con calidades reconocidas en su territorio como mediador, líder, defensor de derechos humanos y la convivencia pacífica”, sin antecedentes de discriminación, sin armas, que actuará de forma voluntaria, sin remuneración y contará con acreditación para sus funciones.

El otro de los programas que se activará incluye un Programa de apoyo a la actividad de denuncia, para mejorar el acceso a la justicia para las organizaciones y líderes sociales para los casos de posibles o presuntas violaciones a los derechos humanos y que garantizará instrumentos para el apoyo de la actividad denuncia de los defensores y defensoras y sus organizaciones.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, son por lo menos 10 los casos que se registran en lo corrido de este 2018, aunque organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), advierte que serían 29 los defensores y líderes asesinados y 10 excombatientes de las Farc.

El Gobierno espera que con este nuevo sistema se reduzcan drásticamente los asesinatos a los lideres sociales en el país.

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