Justicia

Indemnizaciones para víctimas podrían ser “irrisorias": entes de control

La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo explicaron por qué les preocupa el proyecto de decreto sobre indemnizaciones.

Indemnizaciones para víctimas podrían ser “irrisorias": entes de control

Indemnizaciones para víctimas podrían ser “irrisorias": entes de control(Colprensa)

En su tarea de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, enviaron una carta al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación y al Departamento para la Prosperidad Social, en la que exponen sus preocupaciones sobre los cambios que se harían a la indemnización de las víctimas en el proyecto de decreto que adelantan al respecto.

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La tasación de las indemnizaciones

El decreto, según señalan las entidades, establece: a) que se modularán los montos, “por ejemplo, en un secuestro la liquidación se otorgará entre cuatro salarios mínimos, es decir $3.149.968 y 40 salarios mínimos, 31’249.680 dependiendo del tiempo duración del secuestro”. b) que el valor del salario mínimo que se tendrá en cuenta será el vigente a partir de la expedición del decreto actualizado por el IPC.

Al respecto señalan: “resulta preocupante establecer un monto mínimo correspondiente a cuatro salarios mínimos (3’124.968) para los hechos victimizantes de lesiones que causen o no incapacidad permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes, accidente sufrido con mina antipersonal (…); teniendo en cuenta los tiempos y los procedimientos que las víctimas deben surtir”.

Qué implicaría esto, según las entidades, “que una persona podría estar recibiendo 4 salarios mínimos ($3'124.968) más el valor del IPC en un periodo que se puede extender durante décadas, cifra que como medida reparadora resultaría irrisoria”. Por lo que piden analizar un aumento de los montos mínimos para las indemnizaciones.

Las dificultades para hacer el trámite de indemnización

El procedimiento para acceder a la indemnización señala que hay que pedir una cita para que le indiquen si tiene el derecho o no; aportar todos los documentos que acrediten la calidad de destinatario de la indemnización; y aportar documentos básicos como el registro civil.

Lo que piden las entidades de control es que tengan en cuenta las dificultades de las víctimas tener para hacer esos procesos. Por ejemplo, hay quienes no tienen acceso telefónico, e incluso hay documentos que tienen las mismas entidades y que podrían enviarse entre ellas sin necesidad de que la persona tenga que movilizarse. Además, dice, no son claros con los tiempos que se prevén para la asignación y agendamiento de citas.

Malos criterios de priorización

El proyecto de decreto señala una “ruta extraordinaria” para ciertas personas que necesitan ser reparadas con urgencia, y uno de los criterios para hacer el trámite es que se tengan 80 años o más, al momento de hacer la solicitud.

Qué dicen las entidades: “Teniendo en cuenta que la indemnización tiene como fin compensar económicamente a las víctimas por los hechos sufridos y contribuir a la transformación de su proyecto de vida, para los órganos de control, esta edad además de que no responde a ningún criterio válido que lo justifique, es inferior a la expectativa de vida en Colombia definida por el Dane”. Recomiendan entonces que se ponga una edad que corresponda a la expectativa de vida en Colombia.

La otra ruta para indemnización es la ordinaria, y se pide que se especifiqué cuál será el método de focalización y priorización con el que se determinará la entrega progresiva de la indemnización.

El ahorro en las indemnizaciones

Según los cálculos presentados por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el 2015, el costo de las indemnizaciones por desplazamiento forzado entre 2016 y 2021 ascendería a la suma de 26 billones de pesos. Sin embargo, el proyecto de decreto plantea alternativas que pueden generar un ahorro de 13.9 billones de pesos según el Dps.

La duda surge sobre cómo afectaría dicho ahorro, pues entre el 2009 y 2016 se habían pagado 615.560 indemnizaciones a 580.415 víctimas que costaron 4.3 billones de pesos.

Además, el tiempo estimado para indemnizar a las 2.557.531 víctimas es de 36 años según la Contraloría y teniendo en cuenta el ritmo de las actuales asignaciones presupuestales, por lo que no se cumpliría con lo establecido en la Ley de Víctimas.

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