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“La implementación del acuerdo va en un 18,3%”: OIAP

El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz construyó un informe que será entregado al Gobierno y a la Farc en Cartagena.

Justo cuando el Gobierno y la Farc se reúnen en Cartagena, se conoció un informe de El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz que hace un resumen del proceso de que se adelante desde que se firmó el acuerdo de paz en el teatro Colón en Bogotá.

La primera cifra que revela este estudio es la que indica que el proceso de implementación ha avanzado en un 18.3%, lo que indica, según el Observatorio, que en el primer año de la implementación la paz sigue en deuda.

El informe titulado “la paz en deuda” examina lo ocurrido en el Congreso de la Republica, el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional durante el año 2017 y advierte sobre los peligros que enfrenta la implementación en el año que comienza.

“Con una coalición mayoritaria en el Congreso y el apoyo de la comunidad internacional reforzado por el Nobel de Paz, el presidente Santos logró la implementación normativa del 18.3% del Acuerdo, aceptable para el gobierno, pero insuficiente para los más escépticos”, expreso Jorge Rojas, coordinador del Observatorio. Este año se acaba el gobierno que firmó el Acuerdo, hay elecciones para el congreso y se esperan dos vueltas para elegir presidente de la república y en este ambiente electoral de mucha pugnacidad política va a ser más difícil cumplir lo pactado” preciso Rojas.

Así mismo hubo un discriminado de avances en diversos temas en donde se señala que los avances principales en 2017 tienen relación con el fin del conflicto (33%), mecanismos de implementación (23%) y participación política (19%), mientras que los temas de reforma agraria integral (5%), drogas ilícitas (6%) y victimas 9.3%) registran los mayores retrasos y obstáculos para su implementación.

En estos 10 puntos el OIAP resume su informe:

1. Se avanzó en el fin de la guerra pero el Estado sigue en deuda en la construcción de la paz. La implementación normativa e institucional del 18.3% en el primer año es importante pero insuficiente y pone en evidencia la falta de voluntad política y los múltiples obstáculos que enfrenta el Acuerdo Final.

2. La implementación debe ser integral, más contundente y más intensa. El Estado aún no se articula ni se coordina para poner en marcha el Acuerdo (en armonía con el fallo de la Corte Constitucional).

3. En el primer año avanzan los asuntos procedimentales de la dejación de armas y el desmonte del aparato militar de la guerrilla, avanzan a medias las garantías y la seguridad de los excombatientes, se asegura la participación política (sin plenas garantías) del nuevo partido político, se niega la participación política de las víctimas y no se consolidan reformas sustanciales contempladas en el acuerdo (reforma rural integral y superación del problema de las drogas ilícitas).

4. La paz estable y duradera que enuncia el Acuerdo Final no será posible sin la implementación integral de los puntos1 y 4 referidos a la Reforma Rural Integral y solución al problema de las drogas ilícitas. 

5. Todo parece indicar que el Acuerdo Final y su implementación se someten a otra refrendación en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018.

6. El Acuerdo no es solo un asunto de política doméstica, lo firmado representa un compromiso del Estado con la comunidad internacional.

7. La sociedad colombiana no se apropia aún del Acuerdo. Las víctimas y las comunidades excluidas sienten el fin de la guerra pero aun no disfrutan de los derechos que supone la construcción de la paz.

8. Se necesita un impulso transformador que permita hacer las reformas que precisa el Acuerdo y los cambios que necesita el país. Las instituciones dan muestras de incapacidad para hacer las reformas que demanda el AF y para auto-reformarse en función de la paz.

9. El Estado y la guerrilla firmaron el fin de la guerra pero la sociedad colombiana aún no encuentra el camino de un pacto nacional para transitar hacia la paz.

10. Las Farc no van a volver a la guerra pero los mensajes equívocos del Estado, la postergación de transformaciones en el campo y el tratamiento contradictorio a los cultivos ilícitos pueden derivar en el surgimiento de nuevas formas de violencia rural y urbana en el país.

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