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Más de 200 capturados por extorsionar desde las cárceles

65 cabecillas fueron trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad.

La Policía en coordinación con el Ejército y la Fiscalía identificó a varios internos que desde 13 establecimientos carcelarios del país realizaban llamadas amenazantes a comerciantes, transportadores, agricultores, ganaderos y ciudadanos de varios departamentos para exigirles dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Igualmente, se desmantelaron múltiples estructuras delictivas.

En desarrollo de la ‘Operación Prolíficos’, se logró el traslado de 68 personas privadas de la libertad en varias cárceles del país, quienes aun purgando condenas o afrontando procesos por distintos delitos planeaban y ejecutaban extorsiones desde sus lugares de reclusión.

Este golpe contundente, por parte del Gaula de la Policía Nacional de todos los colombianos, en coordinación con el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, permitió también las capturas de 161 reincidentes, los cuales seguían delinquiendo mientras eran requeridos por la justicia colombiana por los delitos de secuestro y extorsión.

Los seguimientos a estas redes de extorsionistas empezaron hace varios meses. Las investigaciones lograron determinar que estas estructuras delictivas operaban en 13 cárceles del país desde donde realizaban llamadas amenazantes a pequeños y grandes comerciantes, transportadores, agricultores, ganaderos y habitantes de Bogotá, Cali, Medellín y municipiosde los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Santander, Huila, Tolima, Valle, Antioquia, Boyacá, Arauca, Chocó, Quindío, Sucre, Bolívar, Nariño y Atlántico.

Los autores de las extorsiones exigían desde 500.000 hasta $10 millones de pesos a sus víctimas, a cambio de no atentar contra su seguridad o la de sus familiares.

l dinero producto de estas maniobras ilícitas era entregado a los cómplices de los reclusos a través empresas de giros postales, y estos a su vez eran los encargados de escoger a las potenciales víctimas en zonas rurales y urbanas del país.

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