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ARGENTINA D.HUMANOS

Comienza en Argentina juicio a exdirectivos de Ford por delitos en dictadura

Un tribunal de Argentina dio hoy inicio al juicio oral contra dos exdirectivos de la automotriz estadounidense Ford por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

En el banquillo de los acusados también está sentado el exjefe del Cuerpo IV del Ejército argentino Santiago Omar Riveros, de 94 años, quien ya recibió condena a prisión perpetua en otra causa.

Riveros, junto a Pedro Müller, de 85 años, exgerente de Manufactura de Ford en Argentina, y Héctor Francisco Sibilla, de 90, exjefe de Seguridad de la planta de la automotriz en la localidad bonaerense de General Pacheco, están acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de esa fábrica.

En este caso, considerado emblemático sobre la participación empresarial en crímenes del terrorismo de Estado, también estaba procesado el exgerente de Relaciones Institucionales de Ford Guillermo Galarraga, quien falleció en junio de 2016.

El juicio es llevado adelante por el tribunal oral en lo Criminal Federal 1, de la localidad bonaerense de San Martín, que hoy dio inicio al proceso con la lectura de los cargos.

En la primera audiencia estuvieron presentes Müller y Sibilla, quienes escucharon los cargos en su contra por presunta privación ilegítima de la libertad y tormentos, en tanto que Riveros no estuvo en la sala por motivos de salud.

De acuerdo con los pedidos de elevación a juicio formulados por el Ministerio Público Fiscal, las víctimas fueron detenidas entre marzo y agosto de 1976, la mitad de ellas dentro de la misma planta en General Pacheco.

En su mayoría, eran delegados sindicales y operarios de la compañía.

Según la acusación de la Fiscalía, una vez detenidas, las víctimas fueron atadas, encapuchadas, golpeadas y, desde la sede de la empresa, fueron trasladadas a distintas comisarías.

Allí permanecieron en promedio cuarenta días en calidad de "detenidos desaparecidos", hasta que fueron "legalizados" y puestos a disposición del Gobierno de facto en diferentes unidades penitenciarias.

De acuerdo con la Fiscalía, varias veces las familias de los trabajadores recibieron comunicaciones de parte de la empresa para que los empleados se presentaran a trabajar bajo la amenaza de ser despedidos, aun cuando las detenciones se habían producido dentro de la planta y a la vista de gran cantidad de testigos.

De la investigación también surge que dentro de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención, montado en el lugar de reunión y esparcimiento de los trabajadores.

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