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EL SALVADOR ABORTO

Fiscalía salvadoreña pide que mujer presa por aborto concluya pena de 30 años

La Fiscalía de El Salvador pidió hoy a un tribunal de sentencia que una mujer encarcelada por supuestamente abortar permanezca en prisión para concluir la condena de 30 años que recibió en 2008.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador continuó este miércoles con la audiencia de revisión de condena de Teodora Vázquez, en la que la defensa ha solicitado la anulación de la pena por las "contradicciones" en la autopsia en la que los jueces basaron su sentencia para condenarla.

La fiscal del caso criticó los alegatos presentados por la defensa, al igual que los dictámenes y testimonios de dos médicos expertos, incluido un forense guatemalteco, que evaluaron la autopsia y señalaron las "deficiencias".

"La sentencia no contiene errores, está bien fundamentada y por ello solicito que se declare sin lugar el recurso de revisión solicitado por la defensa y se mantenga en firme la sentencia condenatoria", dijo la fiscal del caso en sus alegatos finales.

En la audiencia, que inició con retraso y cerca de las 9.00 hora local (15.00 GMT), también testificó el médico forense que practicó la autopsia y que, a preguntas de la fiscal del caso, ratificó el referido dictamen.

Vázquez, según el relato de organizaciones sociales que la respaldan, "experimentó una emergencia obstétrica" en julio de 2007 y, tras llamar en varias ocasiones al sistema de emergencias público sin recibir respuesta, tuvo un parto "extrahospitalario en los baños" de la escuela en la que trabajaba.

En junio de 2016, miembros de Amnistía Internacional (AI) se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y le presentaron 250.000 firmas "exigiendo la libertad para Teodora".

El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.

En octubre de 2016, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, contrario a la oposición, que ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.

En el país centroamericano unas 30 mujeres, al no poder ser acusadas de abortar, fueron condenadas a penas de entre 30 y 12 años de prisión por delitos como homicidio agravado, según datos de las organizaciones.

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