Universidades públicas podrían quedar sin recursos por la ley de infraestructura

En una carta que se envió al Congreso varios representantes de las Universidades públicas del país pidieron evitar que se apruebe en la conciliación de la ley de infraestructura un artículo que podría poner en riesgo la financiación de los centros educativos.

Luis Orlando Aguirre, representante profesores del consejo superior de la UIS y vocero de las instituciones,aseguró que se trataría de un mico que evitaría celebrar convenios interadministrativos. 

“La petición en concreto es que en la conciliación se acepte lo aprobado en la Cámara de Representantes, que excluye en su totalidad el artículo 5 y le permite a las universidades la celebración de los convenios interadministrativos con los entes territoriales, de tal manera que las finanzas no se vean afectadas, además del desfinanciamiento propio que ya tienen los centros educativos”.

Aseguró que lo aprobado en el Senado va en contra de la educación pública y que por eso la Cámara pueden enmendar ese error.

“De mantenerse lo que salió en el proyecto de ley en el Senado, el grave impacto que tendría en las finanzas de la universidad pública en cuanto a los recursos que se generan por rentas propias y específicamente por los rubros de convenios interadministrativos de diseño, asesoría y consultoría, sería de alrededor del 20 o 25% y podría llegar al 30% de esas rentas propias que se generan, que podrían llegar a ser entre y 25 mil millones de pesos”.

Explicó que las Universidades públicas ya tienen problemas económicos, pero que ese artículo podría agravar la desfinanciació .

"Está en un desfinanciamiento porque desde 1993 con la ley 30, el presupuesto de las universidades se incrementa con el IPC y eso ha llevado a que haya habido un desfase de alrededor de 11,5 billones de pesos por las inversiones que ha tenido que hacer el centro educativo sin recibir financiación de parte del Estado.

Esta crisis ha generado que se modifique la contratación de docentes de cátedra y de práctica, pasando de un 70% de planta y 30% de cátedra, a un 30 de planta y 70 de cátedra con el inconveniente que eso tiene en las actividades de la universidad”.

Sin embargo reconoció que si se elimina ese artículo que se ha denunciado como un ‘mico’ “el control de los convenios interadministrativos deben ser más estrictos porque debo reconocer que ha habido ciertos manejos que han puesto en entredicho la forma de contratación de las universidades”.