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¿Curules sin víctimas?

Descalificar a magistrados de la jurisdicción especial de paz, a los integrantes de la Comisión de la Verdad y ahora a los potenciales candidatos de las víctimas parece hacer parte del libreto vendedor de la próxima campaña política.

 El enredo de las 16 curules transitorias que deberán crearse para las zonas de conflicto en el 2018, tras la confusión que produjo la votación de la conciliación en el Senado, ha puesto de relieve que lo electoral sigue siendo un tema en el que buena parte de la dirigencia política no está dispuesta a ceder, en especial la rural –conservadores y uribismo--, como pasó en su momento con las reformas agrarias que se intentaron hace unas décadas, o como está pasando con la reforma a la justicia y la oposición de las altas cortes.

Las circunscripciones de paz –que saldrán de 167 municipios que han padecido el conflicto-- hacen parte del acuerdo con las Farc, pero fueron estigmatizadas desde un comienzo por la oposición como curules para las Farc y un veto para los partidos que fueron excluidos de la opción de participar con candidatos propios.

Al final el proyecto se corrigió en la Cámara y quedó estipulado que serían escaños para las víctimas.

Si en el trámite del paquete de proyectos de paz por vía del fast – track hubo factura burocrática al Gobierno, en el de las curules de paz la resistencia al proyecto y los argumentos para votar en contra o ausentarse dejaron en evidencia que hay temor por la competencia de unos nuevos liderazgos rurales a los que han tratado rotular como testaferros de las Farc o del narcotráfico y les niegan su calidad de víctimas.

Los votos con los que se cerró la conciliación en el Senado –50—han devuelto a la dirigencia a política a repasar aritmética, a los juristas a establecer diferencias entre mayoría y quorum, según su forma de interpretar los fallos de la Corte, y a los tuiteros a recordarles a quienes los siguen que este es un país polarizado y que las víctimas, como las cifras, son apenas un instrumento que se puede usar a conveniencia de cada quien.

Un país que se desgasta en discutir en torno de una fórmula matemática sobre mayorías en el Congreso está ignorando el déficit de democracia local que ha servido de combustible al conflicto.

Otra sería la suerte de las curules si se hubiera tramitado en una época diferente a la antesala a las elecciones.

Descalificar a magistrados de la jurisdicción especial de paz, a los integrantes de la Comisión de la Verdad y ahora a los potenciales candidatos de las víctimas parece hacer parte del libreto vendedor de la próxima campaña política.

Si las Farc no hubieran dilatado caprichosamente la negociación tanto tiempo, tal vez el debate de las curules para las regiones a las que le hicieron daño hubiera tenido menos traumatismos de los que tiene hoy.

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