El Estado ha pagado $2.620 millones a sindicados de violencia sexual contra menores
El 85 % de los casos de violencia sexual en el 2016 se dieron contra niñas.
El Estado ha pagado $2.620 millones a sindicados de violencia sexual contra menores(Colprensa/Archivo)
La Comisión de Género de la Rama Judicial, Plan Internacional, Profamilia y el Consejo de Estado debatieron hoy, a propósito del Día Internacional de la lucha contra la violencia de género que se conmemora el próximo 25 de noviembre. Y allí surgió una alerta por los casos de violencia sexual y las indemnizaciones pagadas a los sindicados por estos delitos cuando las víctimas son niños.
“Aquí tenemos una situación compleja y es que los procesos de violencia sexual, terminan generalmente absolviendo al sindicado por duda y él, tendría derecho a la indemnización. Entonces, si además de la impunidad lo indemnizamos, el mensaje a la sociedad sobre la violencia sexual es muy grave”, explicó la magistrada del Consejo de Estado y delegada ante la Comisión de Género, Stella Conto.
Según las cifras que dieron a conocer, en el 2016 los casos de violencia sexual se dieron en un 85 % contra niñas, es decir 15.524 casos; el 67 % de estos ocurre en la propia casa de las menores y se calcula que 43 niñas al día son víctimas de este delito.
La impunidad que señala la magistrada se da porque generalmente en estos casos se suele pensar que el testimonio del niño no es creíble y es el único testigo, que las evidencias físicas no son visibles y hay preconcepciones e interpretaciones por parte por parte de los operadores judiciales, que es lo que más hay que cambiar.
Sobre el enfoque de género en las decisiones judiciales dijo el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez: “Tener en cuenta las circunstancias que afectan a las mujeres, el respeto y el reconocimiento de sus derechos, pero sobre su dignidad, no es un tema de moda, es una necesidad”.
El llamado que hacen en conjunto es: “La violencia a las niñas y las mujeres es consecuencia de un modelo cultural y patriarcal que conlleva a actuar bajo el derecho de buscar el cuerpo de las niñas y mujeres de todas las edades como objeto (...). Es urgente que el Estado colombiano y la Rama Judicial tome acciones y emprenda una estrategia sistemática para prever y hacer justicia”.
