La U pide al Gobierno que violadores de niños no reciban los beneficios de la JEP

El representante a la Cámara y autor del proyecto que busca la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, Efraín Torres, presentó una proposición para mantener la propuesta que pretende que los delitos contra los niños y niñas no reciban los beneficios de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que, por el contrario, se apliquen las penas establecidas en la justicia ordinaria.

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Al respectó, Torres explicó: “hemos hecho junto a la senadora Maritza Martínez algunas modificaciones a la propuesta que se aprobó en el Senado, para que quienes hayan cometido delitos sexuales contra los niños no reciban los beneficios de la JEP. De aprobarse esta proposición en Cámara queda claro que cualquier delito sexual cometido contra los menores de edad por parte de actores armados, sin importar su gravedad, le aplicarán las penas de la justicia ordinaria”.

En la ponencia radicada en la Cámara de Representantes, proveniente del Senado de la República, establecía en el artículo 147 que sólo los delitos graves de tipo sexual cometidos contra los niños, no recibirían los beneficios de la Jurisdicción de Paz. Con la modificación se garantiza que cualquier vejamen cometido contra los menores recibirá las penas establecidas en la justicia ordinaria.

Recordó que la paz requiere de un esfuerzo monumental para subsanar y reparar el daño cometido a las víctimas y aseguró que, en el caso de los delitos cometidos contra los niños, no pueden existir beneficios judiciales y mucho menos amnistías.

“El proceso de paz y todas las instituciones en conjunto deben trabajar sobre todo por la reparación integral de las víctimas del conflicto. Uno de los puntos esenciales de la justicia deben ser los niños, por tanto, beneficiar a quien explotó sexualmente a un niño o niña o justificar la violación de menores durante el conflicto es un despropósito”, sostuvo Torres.

Dijo que el Congreso tiene que comprometerse con la defensa de la niñez y de la Constitución, que en su artículo 44 establece que los derechos de los niños deben primar en Colombia.