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BRASIL VIOLENCIA

Temer sanciona ley que convierte el porte de fusil en un "crimen hediondo"

El presidente brasileño, Michel Temer, sancionó hoy una ley que incluye la posesión y el porte de armas de fuego de uso restringido de las Fuerzas Armadas en la lista de los llamados "crímenes hediondos", que son sancionados con penas mayores que no pueden ser purgadas en libertad condicional.

Temer sancionó la ley en una ceremonia en la que anunció recursos para ayudar a Río de Janeiro a enfrentar su crisis económica y los altos índices de criminalidad que enfrenta, ya que el aumento de las sanciones para el uso de armas como fusiles es una antigua reivindicación de las autoridades de este estado brasileño.

Los fusiles de guerra son las armas preferidas por las bandas de narcotraficantes que ejercen control en varias de las principales favelas de Río de Janeiro debido a que les permiten atacar a la Policía desde las posiciones que ocupan en la cima de los cerros por los que se esparcen las barriadas pobres.

Según estadísticas de la secretaría regional de Seguridad Pública, en los primeros 150 días de este año fueron decomisados 250 fusiles en Río de Janeiro.

La sanción de la ley se produjo en presencia del alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, que fue el autor, como senador, del proyecto de ley para endurecer los castigos de los criminales que usan armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

"Este proyecto impide el uso de las armas de porte exclusivo del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Porque es esto lo que aflige a la población de Río de Janeiro", afirmó el presidente.

La respectiva ley fue aprobada en última votación por la Cámara de Diputados en agosto pasado y el plazo para que el presidente la sancionara concluía hoy. La ley entrará en vigor este viernes con su publicación en el Diario Oficial de la Unión.

La calificación como "crimen hediondo", entre los que figuran el homicidio calificado, el latrocinio y la violación, permite a los jueces aumentar la severidad de las sanciones contra los responsables por estos delitos.

Además de elevar significativamente las penas, el condenado pierde el derecho a la libertad bajo fianza y está obligado a purgar gran parte de su condena en régimen cerrado. El condenado por un crimen hediondo tan sólo puede obtener la libertad condicional cuando cumpla dos quintas partes de su pena.

Tanto Temer como Crivella citaron en sus respectivos discursos el asesinato este jueves del comandante de un batallón de la Policía Militarizada en Río de Janeiro, que fue atacado por asaltantes armados con fusiles.

"No podemos tratar a los bandidos con rosas en la mano. Hay que responder de la misma forma que el bandido actúa", afirmó Temer.

Las autoridades de Río de Janeiro defendían desde hacía meses la adopción de medidas que les permitiesen sancionar con más severidad a los portadores de fusiles, armas que figuran entre las más incautadas en operaciones contra bandas de narcotraficantes.

En agosto pasado la Fiscalía de Río de Janeiro presentó una denuncia penal contra 16 personas acusadas de integrar una organización criminal que introdujo a Brasil al menos 1.043 fusiles para abastecer a los narcotraficantes que actúan en esta ciudad.

La banda fue identificada gracias a una investigación iniciada en mayo pasado, tras el decomiso de un cargamento con 60 fusiles en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, y que permitió establecer que la misma organización introdujo a Brasil entre 2014 y 2017 otros 74 cargamentos con armas de contrabando.

La investigación también permitió establecer que los contrabandistas compraban las armas por entre 2.500 y 3.500 dólares en Estados Unidos y las vendían a los narcotraficantes cariocas a precios entre 11.700 y 16.560 dólares.

Río de Janeiro vive una inusitada ola de violencia desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016, que ha obligado al Gobierno de Temer a enviar a unos 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la región, con la perspectiva de que permanezcan en la ciudad hasta finales de 2018.

En lo que va de año, según asociaciones de la sociedad civil, en el estado de Río se han registrado unas 4.000 muertes violentas.

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