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EL SALVADOR D.HUMANOS

Ombudsman salvadoreña pide a Congreso aprobar ley a favor de víctimas guerra

La ombudsman de El Salvador, Raquel Caballero, pidió hoy al Congreso del país centroamericano aprobar una ley de reparación para las víctimas de la guerra civil (1980-1992) para "resarcir" las "graves violaciones a sus derechos humanos".

Según Caballero, quien el pasado 31 de agosto acompañó a diferentes organizaciones de víctimas a presentar la propuesta para esta ley, señaló que ha "transcurrido un período considerable", por lo que pidió a los diputados acelerar su discusión y votar a favor de la misma.

"Exhorto a los diputados de las diferentes fracciones legislativas a sumarse con sus votos al apoyo de esta iniciativa y otras que pongan a su base los derechos y reivindicaciones de las víctimas históricas", sostuvo la procuradora de Derechos Humanos.

La funcionaria lamentó que "la deuda estatal histórica en materia de conocimiento de la verdad, garantía de acceso a la Justicia y reparación a las víctimas" siga sin ser saldada, pese a una sentencia de la Sala de lo Constitucional del Supremo de julio de 2016 que anuló una ley de amnistía que bloqueaba los procesos por crímenes de guerra.

"Tristemente, las múltiples voces que alguna vez fueron reprimidas, acalladas a través de las más atroces e inauditas formas de represión continúan ahora sin encontrar eco en sus gobernantes", acotó.

La defensora del pueblo también condenó la "pasividad insolidaria" y "dolorosa" del Estado frente a las víctimas, que "por sus avanzadas edades y precarias condiciones de salud, siguen entregando sus vidas sin encontrar el debido resarcimiento".

Tras la anulación de la ley de amnistía, la Justicia del país centroamericano solo ha reabierto los procesos por la masacre de 1.000 campesinos en 1981 en el Mozote, la matanza de 200 civiles en 1982 en El Calabozo, ambas a manos del Ejército, y el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero de 1980.

Por el lado de la exguerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Fiscalía ordenó la captura de tres guerrilleros por la ejecución de dos militares estadounidenses en 1991 tras el derribo de un helicóptero.

Por los 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos que dejó la guerra, librada entre el Ejército, financiado por EE.UU., y la guerrilla apoyada por la Unión Soviética, Cuba y el pleno respaldo del régimen sandinista de Nicaragua, solo el coronel Guillermo Benavides cumple 30 años de prisión por la matanza de seis padres jesuitas en 1989.

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