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GUATEMALA JUSTICIA

Familiares sentenciados por lavado en Guatemala rechazan "condenas a muerte"

Una veintena de familiares de privados de libertad de Guatemala condenados por delitos de lavado de dinero y defraudación tributaria y aduanera protestaron hoy contra las multas económicas impuestas por esos ilícitos, que los sentencia a una "cadena perpetua".

Reunidos frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este grupo de personas criticó que sus seres queridos, después de haber cumplido los años de cárcel establecidos en cada caso, se vean obligados a permanecer en prisión por no poder hacer frente a las elevadas sanciones económicas.

Regina García, una de las mujeres manifestantes, pide justicia por su esposo, quien fue condenado a 8 años de prisión en el 2011 por lavado de dinero, por lo que debería salir en el 2019, pero la imposibilidad de pagar la multa económica de 265.000 dólares lo obliga a permanecer tras las rejas 62 años.

En la misma situación está Francisco o Myriam. El primero tiene en prisión a su hija de 36 años desde hace 2. No protesta contra la pena, pero al no poder hacer frente a la multa le tocarían 240 años, "eso no es justo, los condenan a muerte".

El esposo de Myriam fue condenado a 6 años por defraudación tributaria cuando era representante legal de una empresa, y aunque él "nunca vio ese dinero", ya cumplió su pena, por lo que ella y sus dos hijos, de 15 y 19 años, lo esperan, pero no podrá salir por la multa de 23 millones de quetzales (3,1 millones de dólares).

Tanta es la impotencia, cuenta esta mujer a Efe, que su primogénito está estudiando derecho para "sacar de la cárcel a su papá".

Lo que piden es cambiar una frase del Código Penal que indica que "se pagará a parte de la pena de prisión una multa igual al valor de los bienes incautados", lo cual se convierte en una segunda pena preventiva.

Por este motivo, más de 300 privados de libertad comenzaron el lunes una manifestación de tres días en varias cárceles del país con el fin de protestar contra esta "injusticia".

Cuestionada por esta situación, la fiscal general, Thelma Aldana, recordó que el Sistema Penitenciario está "colapsado" y que hay "injusticias", pues algunas personas "ya cumplieron la pena pero por no pagar la multa siguen ahí".

"Le corresponde al Legislativo pues habría que cambiar las leyes. Es el órgano jurisdiccional y tendríamos que esperar a una resolución al respecto", zanjó la jefa del Ministerio Público.

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