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ESPAÑA CATALUÑA (Previsión)

Gobierno español pide respuesta clara a Puigdemont para frenar inestabilidad

El Gobierno español pidió hoy claridad al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, y aseguró que no aceptará respuestas ambiguas sobre si declaró o no la independencia de esa región española que, de seguir en la situación de inestabilidad actual, podría entrar en recesión económica.

El lunes (1º6 de octubre) termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno le envió el miércoles pasado para que aclare lo que dijo en su confuso discurso ante el Parlamento catalán.

Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas.

Así lo explicó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien reiteró que las autoridades catalanas "aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional" y poner fin a la "inestabilidad".

La vicepresidenta instó a Puigdemont a volver al orden constitucional y a que exponga sus propuestas en el Congreso de los Diputados, donde están los "mediadores", aquellos que representan a "todo el pueblo español".

"Esos son los mediadores, los 350 diputados y otros tantos senadores" que representan al conjunto del pueblo español, dijo Sáenz de Santamaría en referencia a la mediación internacional para entablar un diálogo entre ambas administraciones a la que han apelado las autoridades catalanas en los últimos días.

Resaltó, además, que se le ha ofrecido diálogo "en el marco de la Ley y en el seno del Parlamento" español, de modo que lo instó a plantear sus ideas en el Congreso, en concreto en la comisión de estudio del modelo territorial español.

También alertó del daño que el proceso secesionista está teniendo en la economía catalana, ya que la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's apuntó este jueves que el conflicto podría llevar a esta comunidad autónoma española a la recesión.

Por su parte, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró hoy que la crisis catalana no saldrá gratis desde el punto de vista económico, al informar que obligará a situar "algo por debajo" del 2,6 % las previsiones de crecimiento de España para 2018.

"Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto", afirmó De Guindos en Washington, donde asiste a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Al menos 540 empresas han cambiado su sede social de Cataluña a ciudades de otras regiones españolas desde el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre pasado, de las que 533 se trasladaron entre los días 9 y 11, según datos provisionales del Colegio de Registradores de España difundidos hoy.

La empresas optaron por el cambio de sede por el temor a la inseguridad jurídica que pudiera darse en la comunidad autónoma de Cataluña, que representa el 19 % del PIB español.

Ha sido el caso de bancos como CaixaBank y Sabadell, la energética Gas Natural Fenosa, el grupo editorial Planeta, Aguas de Barcelona y la concesionaria de autopistas Abertis.

Sáenz de Santamaría advirtió de que el Gobierno tendrá que bajar la previsión de crecimiento económico para 2018, que actualmente está en el 2,6 %, si no hay una "pronta solución" a la situación de Cataluña.

Una solución que para los independentistas radicales (CUP) pasa por declarar la república, al considerar que el requerimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy supone "una amenaza" y no hay visos de que prospere una mediación internacional.

Este grupo antisistema, con nueve diputados, apoya a la coalición gubernamental JxS (formada por independentistas de centro y republicanos de izquierda) en el proceso hacia la independencia que comenzaron tras las elecciones regionales de 2015.

La CUP, que da por cerrada "la esperanza en la mediación internacional", asegura que "quedar inmóviles ante sus amenazas (del Gobierno español), sus negaciones y su autoridad no nos permitirá existir como pueblo".

"Si pretenden seguir aplicando, ahora ya con requisitos formales cumplimentados, las previsiones del artículo 155 de la Constitución española y nos quieren seguir amenazando y amordazando, que lo hagan con la república ya proclamada", afirma la CUP en una carta dirigida hoy a Puigdemont.

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