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Human Rights Watch le pide al gobierno colombiano corregir “defectos” en JEP

El director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, envió una carta al gobierno y al Congreso.

José Miguel Vivanco. /

En una carta, la ONG Human Rights Watch, les presentó a las autoridades colombianas un escrito con algunos vacíos que considera que tiene la JEP (Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la paz).

La organización reitera que el “componente de justicia del acuerdo de paz pueda permitir que responsables de crímenes de guerra no reciban un castigo genuino por los delitos graves de los que son responsables”. Asegura que esa crítica ya la había hecho y había sugerido alguna medidas que no han sido tomadas en cuenta.

Human Rights Watch señala que el Proyecto de Ley Estatutaria no aclara cuáles son las “restricciones de libertades y derechos” que tendrán quienes confiesen sus crímenes. No hace claridad sobre los lugares en donde van a residir estas personas o las labores restaurativas que tienen que llevar a cabo. También dice que no hay consecuencias para quienes hayan confesado delitos e incumplan con las sanciones, lo que considera que “deja abierta la posibilidad de que puedan continuar gozando de los beneficios de la JEP”.

En el punto de restricciones también señala falencias en cuando los miembros de la Fuerza Pública, pues no aclara la clase de supervisión que tendrán al ser condenados. También resalta que el Ministerio de Defensa “ha sido, en reiteradas oportunidades, laxo y permisivo con miembros de la Fuerza Pública involucrados en violaciones de derechos humanos, o que enfrentan investigaciones por dichos abusos”. Un aspecto que le genera preocupación sobre el efectivo cumplimiento de las penas.

En su carta Vivanco también manifiesta preocupación sobre la suspensión de procedimientos penales por parte de la justicia ordinaria para que sean asumidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice que tiene conocimiento sobre algunos que ya se han detenido incluso sin la sanción del proyecto de ley, y cuestiona especialmente que se suspendan los de agentes del Estado, quienes “no se están desmovilizando y no tienen dificultades prácticas para presentarse ante los tribunales”.

La tercera falencia es el concepto de cadena de mando para determinar la responsabilidad en un crimen. Human Rights Watch cree que el proyecto no permitirá castigar a comandantes que debían hacer sabido de las acciones de sus subalternos. Por esa razón pide que se aclaré el concepto tanto para integrantes de las Farc como de la fuerza pública.

La organización también pide una mayor participación de las víctimas, no solo en la JEP, sino en otros contextos más amplios. Considera que está constituye un rol central en los procesos de justicia y les da mayor legitimidad. Resalta que el rol de las víctimas ya ha sido tomado en cuenta por organismos como la ONU y la Corte Penal Internacional.

Por último, Vivanco , expresa preocupación por el “lenguaje sumamente amplio de una disposición del proyecto de ley que permite que la Jurisdicción Especial renuncie al ejercicio de la acción penal frente a personas que pueden ser responsables de crímenes internacionales”. Cree que puede ocurrir que se juzguen solo una cantidad limitada de crímenes graves y a sus responsables, sin tener en cuenta otras que pueden estar acusadas de delitos internacionales y que no están involucradas en los casos considerados “hechos más graves y representativos”.

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