Referendo para la justicia: globo sin oxígeno

No es fácil construir consensos en época preelectoral cuando cada bancada tiene uno o varios candidatos y una formula diferente para meter en cintura a jueces y magistrados.

De los problemas estructurales del país, no hay ninguno más diagnosticado que el de la justicia y sin embargo ha terminado siendo una de las grandes frustraciones del gobierno Santos que ahora hace un intento por hacer la reforma, con el poco oxígeno que le queda, a través de un referendo.

Al Gobierno le han vendido una idea –la paternidad del referendo se le adjudica al procurador Fernando Carrillo - que tiene una buena presentación en el papel, pero poca viabilidad política, al punto que el ministro de Justicia no está convencido de que ese sea el remedio para rescatar a todo el sistema de la corrupción, el clientelismo y el amiguismo en que ha caído.

El primer problema del referendo es que es una figura de participación ciudadana que puede ser efectiva al comienzo de un gobierno y no cuando se está terminando con un presidente como Santos que, además, tiene índices de aceptación de apenas el 25% y que ya fracasó con un tema más taquillero como el de los acuerdos de paz hace cerca de un año cuando se perdió el plebiscito.

El otro problema que conspira contra la iniciativa son el tiempo, las dificultades para lograr consensos políticos y los antecedentes jurídicos que sentó la Corte Constitucional sobre las reformas a la justicia, como lo recordó en Hora 20 el profesor Ramiro Bejarano

Leer: Ramiro Bejarano advierte dificultades jurídicas y de tiempo para el referendo

Con un Congreso congestionado con los temas de paz, una coalición de gobierno debilitada y en temporada preelectoral no es fácil empujar ese tipo de proyectos.

Como consecuencia de lo anterior, los consensos en torno a un cuestionario sobre la reforma a la justicia no parecen posibles: cada bancada tiene uno o varios candidatos y una formula diferente para meter en cintura a jueces y magistrados. Lo más paradójico es que la mayoría de quienes tienen en sus manos el avance hacia una salida de fondo saben qué se debe hacer: desmontar la política de las cortes –“yo te elijo, tú me eliges”--, crear instancias independientes de investigación y juzgamiento de altos dignatarios, incluidos los magistrados; descongestionar despachos; limitar el gran poder de la Fiscalía y repensar el modelo de formación de abogados, entre otros.

Cuando este tipo de iniciativas se sueltan como un globo para ver a dónde cae en el momento menos indicado, la sensación que queda en la opinión es que se trata de una constancia histórica, cuando es claro que ya es un tema de la agenda electoral y una tarea inaplazable para el próximo gobierno.