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HONDURAS JUSTICIA

Condenan a 6 años a exdirectivo judicial hondureño por tráfico de influencias

El exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial de Honduras Teodoro Bonilla fue condenado hoy a la pena de 6 años de prisión por intentar incidir en sentencias a favor de dos familiares suyos procesados por blanqueo.

La resolución fue dictada este lunes por la Sala III del Tribunal de Sentencia por el delito de tráfico de influencias, indicó el Poder Judicial de Honduras en un mensaje en Twitter.

El tribunal también ordenó a Bonilla pagar una multa de 200.000 lempiras (unos 8.500 dólares) y dictó las penas accesorias de inhabilitación absoluta mientras dure la condena, añadió.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que la pena impuesta a Bonilla "no es acorde a las circunstancias en que se cometió el tráfico de influencias".

La condena contra Bonilla, quien permanece recluido en el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado, ubicado en el extremo norte de Tegucigalpa, fue emitida por "unanimidad" del Tribunal de Sentencia, señaló el organismo hondureño.

Bonilla, suspendido del cargo en febrero de 2016, fue condenado por influir en las sentencias de dos juezas en un caso denominado "Shalom", en el que dos parientes suyos fueron declarados culpables en septiembre de 2016 por lavado de activos.

Según las investigaciones de la Fiscalía, las juezas Delmy López Paz y Liz María Núñez, está ultima en prisión, recibieron "comunicaciones directas e indirectas" del exdirectivo para que dictarán "resoluciones" a favor de Carlos y Denis Bonilla, familiares suyos.

Sin embargo, los parientes de Bonilla fueron declarados culpables, ya que ambos "lavaron" en conjunto a través de sus empresas, más de 133 millones de lempiras (5,6 millones de dólares), por lo que podrían purgar una pena de hasta 20 años de prisión, según las autoridades judiciales.

Bonilla actuó con "premeditación conocida, astucia y fraude, abusó de su superioridad, obró con abuso de confianza y se prevaleció del cargo o carácter público para ejercer presiones, solicitar favores y conseguir resoluciones judiciales al margen de ley", señaló el Ministerio Público.

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