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Estructuras criminales intentan frenar política de tierras: Agencia de Tierras

En Magdalena, La Guajira y Meta se concentra la mayor parte de las investigaciones que se llevan a cabo.

Unidad de Restitución /

En máxima alerta se encuentran las autoridades ante la denuncia realizada por parte de la Agencia Nacional de Tierras de que estructuras criminales están intentado frenar el proceso de la nueva política de tierras a los campesinos del país.

En estafa, concierto para delinquir y financiación de grupos de delincuencia organizada, estarían incurriendo quienes quieren desacreditar la política de tierras del Gobierno y aprovecharse, además, de la población campesina, cobrando por procesos que son gratuitos”, manifestó el director de la entidad, Miguel Samper.

Dijo que así lo estableció la Oficina de la Inspectora de Tierras, que ya ha identificado focos de corrupción y delincuencia por los que, en los últimos meses, ha interpuesto seis denuncias penales.

Los que estafen a campesinos van a caer. A los corruptos se les olvida que con el fin de la guerra tenemos una fuerza pública enfocada en vigilar nuestro campo y que hoy tenemos más ojos que nunca puestos en el cuidado de la población campesina. No vamos a permitir que interfieran en la política de tierras ni vamos a permitir que se sigan interponiendo entre las familias y la riqueza rural, y en este propósito necesitamos contar también con el apoyo de todos los medios de comunicación regionales”, subrayó Samper.

Comentó que los casos más recientes se han presentado en Magdalena, La Guajira y Meta, donde se han escuchado mensajes radiales, anunciando procesos inexistentes, afectando sobre todo asentamientos de población desplazada.

Según Samper, en estas cuñas se anuncia una inexistente y fraudulenta oferta de predios, a través de la inscripción en un formulario que tampoco existe y por el que están cobrando hasta 100.000 pesos cuando ningún trámite ante la Agencia tiene costo. En algunos casos, y con la ayuda de las autoridades judiciales, se ha identificado una relación directa entre tramitadores (que no se requieren) y personas que habrían hecho parte de grupos de autodefensa que nunca se desmovilizaron, particularmente en Meta y La Guajira.

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