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Nuevo secretario de Transparencia de Presidencia después de 5 meses de interinidad

Gabriel Cifuentes se posesionó, tras varios meses de la renuncia de Camilo Enciso.

En momentos en que el país vive una crisis institucional por los escándalos de corrupción que llegaron a niveles tan elevados como la rama de la Justicia, se anunció una cruzada desde la Presidencia para atacar esta problemática, sin embargo, el pasado 6 de agosto se cumplían 5 meses desde que en la Secretaria de Transparencia no se veía una cabeza visible. 

El 6 de marzo cuando renunció Camilo Enciso para aspirar a la Cámara de Representantes, el cargo quedó acéfalo y solo hasta el pasado 25 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos anunció la designación de Gabriel Cifuentes como el nuevo secretario de Transparencia. 

Este lunes se posesionó en una ceremonia a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, donde el jefe de Estado le dijo, en privado, los retos que tendrá en esta nueva posición. 

Desde 2015, Cifuentes se desempeñó como director de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego de haber sido asesor en la Fiscalía General de la Nación y director de Gestión Interinstitucional en la Unidad para las Víctimas. 

Ejerció antes como auxiliar judicial de la Corte Constitucional y participante del programa IVP en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. 

Gabriel Cifuentes es abogado y magíster en Teoría Jurídica de la Universidad de Los Andes. También tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York y cursa el Doctorado en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad de Roma, según informó la Casa de Nariño. 

Tendrá como retos sacar adelante en el Congreso la Ley de Protección de Denunciantes, la Ley de Cabildeo, el Estatuto de Probidad, la Ley de Restricción de Beneficios Penales al igual que la Ley sobre Contratación de Infraestructura. 

Estas normas entregan mecanismos para la lucha contra la corrupción, en momentos en que escándalos como el de corrupción de Odebrecht salpica a campañas presidenciales del 2014, funcionarios estatales, magistrados de las altas cortes y senadores de la República.

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