Listo el proyecto de Ley que establece tiempos y reglas para consultas previas

El Gobierno Nacional tiene listo el proyecto de ley que publica Caracol Radio y que establece el procedimiento administrativo especial de consulta previa y ordena crear la Unidad de Consulta Previa, al igual que otros mecanismos para controlar el tema y establecer reglas claras para las comunidades ancestrales del país y para los empresarios. 

De esta manera se busca regular los procesos de consulta para evitar el estancamiento de proyectos, obras y actividades, pero también en busca de proteger a las comunidades con las suficientes garantías para evitar las vulneraciones. 

Creación de la Unidad de Consultas Previas 

El texto que entra a consulta con las comunidades, señala que el Gobierno tendrá dos meses para poner en funcionamiento la Unidad de Consultas Previas, y se otorgan las facultades extraordinarias al presidente por 6 meses para hacer los ajustes necesarios para su funcionamiento. 

La unidad tendrá como objeto principal “dirigir, coordinar y ejecutar, bajo las orientaciones del Ministro del Interior, el procedimiento administrativo de consulta previa”, para dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT de 1989. 

Entre otras funciones podrá ordenar la suspensión de los proyectos, obras y actividades cuyo desarrollo ponga en riesgo la supervivencia o la integridad de un pueblo o comunidad. 

Podrá adoptar, “decisiones de fondo en las actuaciones administrativas que sean necesarias para la solución de los conflictos internos de representación, o, los que se puedan suscitar con ocasión de la consulta previa”, de los proyectos. 

Duración de la Consulta Previa 

Uno de los puntos que siempre ha generado mayor inquietud y donde han pedido garantías los empresarios es que no existe una duración precisa de las consultas previas, de manera que se pueden extender esos procesos indefinidamente en el tiempo afectando la ejecución de las obras. 

El texto del proyecto establece que la un plazo para protocolizar el inicio de la consulta previa. “Si pasados 2 meses desde la primera reunión convocada durante la etapa de preconsulta o definición de la ruta metodológica las partes no llegan a un acuerdo en torno al plazo para protocolizar la consulta, ésta debe protocolizarse dentro del término que establezca la UCP mediante acto motivado”. 

Este, “no podrá superar los 6 meses después de que se realice la primera reunión en la etapa de preconsulta o definición de la ruta metodológica”. 

“En casos excepcionales, la Unidad podrá prorrogar el plazo para el desarrollo del proceso hasta por 3 meses, cuando las comunidades consultadas y/o los interesados lo soliciten”, se establece en el proyecto. 

Se certificarán a las comunidades 

Otro de los problemas se registra cuando se anuncia un proyecto de infraestructura o actividad y aparece un pueblo reclamando derechos, cuando no había indicios que existiera alguna comunidad. 

El proyecto establece que una certificación para, “establecer si hay o no comunidades o pueblos que ocupan o utilizan el área de influencia directa del POA (proyecto), o el área donde una ley o acto administrativo va a surtir efectos, para llevar a cabo sus actividades sociales, culturales, religiosas, o económicas tradicionales”. 

Para determinar además si dichos pueblos y comunidades, “son susceptibles de sufrir una afectación directa y específica”, como consecuencia del proyecto. 

Además se reglamenta si las comunidades no comparecen a las reuniones, las condiciones para la suspensión de las consultas o la reprogramación de las reuniones, y se crea un comité de seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos. 

Así mismo se crea un fondo especial para la consulta previa para manejar los temas de financiación de los procesos, se establecen las tarifas, entre otros costos. 

Se fijan reglas claras para las visitas de campo al igual que para la delimitación y la caracterización de los territorios y se aclaran los casos específicos en que no se podrá aplicar la consulta previa, entre otros aspectos.

El proyecto ya estuvo en preconsultas y ahora se empezará a consultar de manera formal con el Espacio Nacional de Comunidades Afrocolombianas, la Mesa Permanente de Concertación Indígena y los pueblos Rom en Colombia.