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La Reforma empezará con tropiezos

Contraloría y Procuraduría se opondrán a parte del articulado.

El primer día de discusión del proyecto de Acto Legislativo de Reforma Política se encontrará con la férrea oposición de Fernando Carrillo, procurador general, y de Edgardo Maya, contralor general. Los dos pedirán que no sean aprobados los artículos 1 y 14 de ese texto, por considerar que si pasan, darían un golpe mortal a los controles fiscal y disciplinario en el país.

El artículo 1 propone que las sanciones que imponen esas entidades contra funcionarios elegidos por votación popular, si los afectados piden consulta, tendrán efecto solo cuando sean confirmadas por el Consejo de Estado, lo que históricamente tarda años.

Y el artículo 14 intenta crear un Recurso de Amparo Especial Electoral, que haría imposible retirar la inscripción de un candidato a una votación popular, aunque esté sancionado por violar el régimen de inhabilidades o por no cumplir los requisitos para el respectivo cargo.

Así las cosas, de aprobarse el Artículo 1 de esta reforma política que empezará a ser discutida en el Congreso, las personas que sean declaradas responsables fiscales o disciplinarias no tendrían ningún tipo de inhabilidad hasta que el Consejo de Estado tome una decisión al respecto.

Eso podría hacer tardar mucho los procesos, como en el caso del exalcalde Gustavo Petro, quien fue inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por presuntas irregularidades presentadas en la implementación del sistema de basuras para Bogotá.

En 2014, Petro interpuso una demanda y hasta el momento se sigue esperando que el Consejo de Estado tome una decisión sobre su futuro. Lo que suspendió provisionalmente la sanción que tenía.

Si se le quitara la potestad de sancionar a la Contraloría y a la Procuraduría, funcionarios, que han estado vinculados a grandes escándalos de corrupción, no hubieran sido inhabilitados y hubieran podido seguir desempeñando sus cargos de elección popular o aspirar a otros, hasta que hubiese una decisión judicial.

Cabe recordar casos como el exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, acusado por el desfalco de los Juegos Nacionales e inhabilitado. O el exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado, sancionado por su participación en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en la capital.

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