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Análisis: ¿qué sigue luego del fallo de reversión contra Claro y Movistar?

El laudo no es precisamente "un triunfo para Colombia" como dijo Luis Guillermo Vélez.

Aunque en primera instancia suene a positivo que Claro y Movistar deban pagar en conjunto $4,8 billones de pesos al Estado (sin que la gente del común entienda muy bien por qué), en realidad estamos ante un preocupante precedente para la imagen del país como destino de inversión y ante una peligrosa estocada para el vital sector de las telecomunicaciones. Además de que es posible que a usted y a mí nos toque poner parte de esa plata.

Y se los trataré de explicar.

¿Qué es eso de la reversión?

En 1994 cuando se lanzó la telefonía celular (esa con la que hoy en día nadie puede prácticamente funcionar en la vida) las empresas móviles recibieron del Estado la concesión por 10 años para explotar el espectro radioeléctrico, la 'autopista invisible' por donde circulan las comunicaciones móviles. En dicho acuerdo se fijó que esas empresas, al término del contrato, debían revertir a la Nación no solo el espectro sino la infraestructura (antenas, radiobases, torres, equipos, cables, etc.) que se hubiesen instalado para ofrecer el servicio en concesión del espectro. Hasta aquí, todo normal.

Y aquí viene el lio...

En 1997, es decir a seis años antes de la renegociación de los contratos de concesión del espectro, el Gobierno, con afugias económicas, le propone a las entonces empresas Bellsouth, Comcel, Occel y Celcaribe (¿las recuerdan?) que adelanten la negociación de 2004 y paguen por adelantado el valor de su concesión. El negocio se hace, pero se acuerda eliminar la reversión de la infraestructura. La del espectro se mantuvo, por ser un bien natural de todos los colombianos.

En 1998 se sella el acuerdo, sin reversión de infraestructura, mediante la Ley 422 (sí, una LEY de le República) entre las partes. Y a falta de una, son dos: en la Ley 1341 de 2009, la Ley de Telecomunicaciones, se habla de las concesiones de espectro para los operadores móviles SIN reversión.

En el 2013, cuando se comenzó a hablar de la negociación de la nueva concesión de 2014 (¿recuerdan que es cada 10 años? 1994, 2004, 2014), la Contraloría dice que revisando los contratos originales de 1994, ahí se habla de reversión de espectro y de infraestructura, por lo que, de malas, está vigente. Los operadores acuden a la Corte Constitucional, encargada de dar su concepto sobre leyes y su respeto por la carta magna, tribunal que efectivamente en 2013, mediante la Sentencia C-55 las declaró exequibles. Es decir, que la NO reversión mencionada en la Ley 422 y la Ley 1341, están ajustadas a la Constitución.

Claro y Movistar deben pagar billonarias sumas a la Nación

Y se complica todo...

La Contraloría se mantiene en su posición, pese a dos Leyes y una Sentencia de la Corte Constitucional. Como ente de control, amenaza al Ministerio de las TIC de posible detrimento patrimonial, lo que, como obliga a cualquier funcionario, lo lleva a demandar a Claro y Movistar, los cuales a su vez contrademandan a la Nación, y se forma el embrollo legal, el cual se va a Tribunal de Arbitramento y recibe fallo definitivo este 25 de julio de 2017, en el que condenan a Claro a pagar $3,2 billones de pesos y a Movistar a pagar $1,6 billones de pesos, en suma, $4,8 billones de pesos.

¿Por qué no es 'un triunfo para Colombia'?

1. Por estabilidad jurídica. Póngase un segundo en los zapatos de dos empresas que, con dos leyes de la República como respaldo, se lanzan a invertir en infraestructura, redes, puntos de atención, a contratar gente, etc., para competir, y un buen día le dicen que no, que de malas, que esas leyes no valen y que queda en duda su inversión. Que se vayan a pleito. Y un día reciben una sanción (¿hicieron algo malo? ¿Actuaron de mala fe? Yo, no veo eso) de $4,8 billones de pesos. Si somos un país que busca atraer inversión (es decir empleo, desarrollo, etc.), con esta sanción créanme que muchas empresas internacionales no verán a Colombia como un país serio, seguro, estable.

2. Por el mal manejo. Descontando con que se pasaron por la faja dos leyes de la República, Contraloría y Ministerio TIC nunca especificaron qué se debía revolver en la reversión. El pleito reconoce que la reversión aplicaría a las redes implementadas entre 1994 y 1998, las cuales, les cuento, eran redes análogas; que operaban en una banda de espectro, no en varias; y prestaban un servicio solo de voz (no de datos, pues en esa época era incipiente el internet móvil), el cual, valga aclarar, hoy en día no existe. ¿De dónde sale, entonces, semejante cifra de $4,8 billones? ¿Quién y cómo la calculó?

3. Por exagerada. Nunca se logró una conciliación sensata. Pelear contra un Gobierno no es chévere. Y ya que decidieron no cumplir lo acordado en dos leyes, pues al menos debieron encontrar una fórmula de resolución justa, que reconociera el error de no honrar un acuerdo. Para que se hagan una idea, a Movistar EMPRESA EN LA QUE EL ESTADO ES SOCIO, el Gobierno le entregó hace poco $1,2 billones de pesos como su parte para responder por las pensiones de la extinta Telecom... ¿Y ahora le va a sacar $1,6 billones? ¿Y los pensionados qué?

4. Por ser un sin sentido. Por si no se han dado cuenta, en este caso el Gobierno se autodemandó. Es decir, no solo está incumpliendo los acuerdos en dos Leyes; no sólo le está diciendo al mundo entero "acá hacemos negocios y acuerdos que luego no sabemos si se cumplen o no", sino que además es capaz de demandar a un socio. No entiendo cómo el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, sale tranquilamente a decir que esto es un "triunfo jurídico para el Estado". ¿En serio? ¿Dejar a Colombia como un zapato ante el mundo, demandarse a sí mismo para tener que sacar la plata (¡nuestra plata!) de un bolsillo a otro, le parece un triunfo?

Esto no se trata de defender a Movistar o a Claro. O de atacar al Ministro de las TIC. Se trata de entender el grave daño que la inestabilidad jurídica nos ocasiona como país; de la grave situación para inversionistas de otros sectores que entienden esta señal como un precedente peligroso. La inversión extranjera es importante para nuestra economía. Seguro usted o un familiar trabajan directa o indirectamente con una multinacional. Y en este caso, se pone en riesgo un sector vital para el país, como es el de las telecomunicaciones.

Lo peor: lo que sigue serán demandas contra la Nación (sí, contra usted, contra mí, contra todos los colombianos) que, en unos años, veremos en los medios fallando a favor de estos particulares, con un costo multibillonario en contra de nuestros recursos. A ver si ese día seguiremos considerando esto como un "triunfo".

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