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PERÚ D.HUMANOS

Delegación de Naciones Unidas pide protección para defensores de DDHH en Perú

Una delegación de expertos de Naciones Unidas pidió hoy un nuevo mecanismo para proteger a los defensores de los derechos humanos en Perú, además de plantear una nueva visión sobre la conflictividad social con las empresas, que ha dejado 70 muertos en los últimos cinco años.

Según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU divulgado en Lima, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos hizo una visita de 10 días a Perú, durante los cuales llegaron a la mina Yanacocha, en la región norteña de Cajamarca, y a la de Las Bambas, en la región surandina de Apurímac.

En ambos centros mineros se han producido violentos conflictos sociales con las comunidades que se oponen a la actividad extractiva por la contaminación ambiental y, en el primero de los casos, la empresa tuvo que suspender indefinidamente el proyecto aurífero de Conga.

A la minera Yanacocha le fue prohibido por la Corte Suprema desalojar de su casa a la campesina Máxima Acuña, ganadora del premio medioambiental Goldman y a la que la empresa acusa de haber usurpado tierras del proyecto Conga.

Los expertos del Grupo de Trabajo subrayaron la necesidad de tener un nuevo mecanismo para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los ambientalistas y los dirigentes indígenas.

"El Perú se ha acostumbrado a una situación de constantes conflictos sociales, con más de cien conflictos activos cada mes", apuntó Michael K. Addo, uno de los expertos.

Agregó que "la mayoría de estos conflictos están relacionados con operaciones comerciales a gran escala en los sectores de minería, hidrocarburos y energía".

En opinión del grupo de trabajo, los conflictos sociales vienen de hace 15 o 30 años, cuando la actividad empresarial no tenía asumidos los derechos humanos y el respeto al medio ambiente.

Dante Pesce, otro de los integrantes del grupo, señaló que "cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización".

En los últimos años, "las empresas también están llegando a entender que el respeto a los derechos humanos es bueno para los negocios y ayuda al Estado a atraer inversiones de buena calidad ambiental y social".

Los expertos destacaron las señales de cambio y el compromiso del Gobierno de Perú con la agenda de empresas y derechos humanos, así como el anuncio para desarrollar un Plan de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos.

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