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Procuraduría pide declarar inconstitucional decreto sobre tierras

La entidad considera que el tema debe ser estudiado por el Congreso y pide que la declaratoria sea diferida a un año.

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 902 de 2017 por medio del cual se trazaron medidas para implementar la Reforma Rural Integral que fue contemplada en el Acuerdo Final de Paz en el tema de las tierras, suscrito con las Farc.

Dicho decreto, expedido el pasado 27 de mayo de 2017, contempla mecanismos para el acceso y formalización de tierras, y crea el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Según el concepto enviado por la Procuraduría a la Corte Constitucional, este decreto es inconstitucional porque el tema debió tramitarse en el Congreso de la República, pero propone que la inexequibilidad sea diferida a un año para garantizar que se avance en el desarrollo de este punto fundamental para el Acuerdo Final de Paz.

El decreto no cumple con el requisito de estricta necesidad, porque no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía fast track por parte de Ejecutivo, señala un comunicado de la entidad.

Y añade que a juicio de la Procuraduría el Gobierno podía acudir al procedimiento legislativo especial para la paz.

Adicionalmente, se cuestiona que el decreto no incluye la firma del ministro de Justicia, teniendo en cuenta que hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras. Así mismo, por tratarse de una normativa con características de código su adopción no está autorizada al gobierno vía decreto, señala el comunicado, el cual textualmente agrega:

En lo relacionado con la consulta previa, el ente de control confirmó que aunque el Gobierno incurrió en algunos errores en relación con las comunidades afrodescendientes, ha de reconocerse el esfuerzo que hizo, por lo que a juicio del Ministerio Público esto no genera vicio de inconstitucionalidad.

Sobre el tema de beneficios, la Procuraduría pidió que los reconocidos a los indígenas también deban extenderse, mientras dure la vigencia del Decreto 902, a las comunidades negras, raizales y palenqueras.

El concepto reafirma el respaldo del Ministerio Público al desarrollo del acuerdo de paz, y reitera la necesidad de ajustar la actuación que se requiera para ese fin a los preceptos de la Constitución Política y en particular al Acto Legislativo No. 1 de 2016.

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