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PARAGUAY INFRAESTRUCTURAS

Accionan contra dictamen de Contraloría sobre obras de aeropuerto de Asunción

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay presentaron una acción judicial contra el dictamen de la Contraloría General sobre la adjudicación de obras del aeropuerto de Asunción, que había recomendado su cancelación por irregularidades.

Ambos organismos, que promovieron la acción ante el Tribunal de Cuentas, indicaron que hubo "una clara extralimitación de funciones de parte del organismo contralor en cuanto a sus competencias", según explicó la nota remitida hoy por el Ministerio.

El Ministerio y la Dinac subrayaron que sus acciones en el proceso de licitación se realizaron con "regularidad y transparencia" y que fue la Contraloría General la que violó el principio de legalidad al "emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica".

Los dos entes concluyeron que la actuación de la Contraloría General debe enmarcarse en "las actividades económicas y financieras del Estado", y agregaron que existen fundamentos para sostener que los actos administrativos emitidos por el organismo de control en ese caso son nulos.

A mediados de abril, la Contraloría recomendó cancelar el proceso de adjudicación de las obras para la mejora del Aeropuerto Internacional de Asunción con el argumento de que el llamado a licitación no incluía una precalificación de los trabajos.

Antes, en enero, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había otorgado la mejor puntuación en el apartado técnico de ese proceso a la firma española Sacyr, que se presentó en consorcio con la chilena Agunsa, y bajo la fórmula de Alianza Público Privada.

Sin embargo, días después el Ministerio anunció la cancelación temporal del proceso de adjudicación, bajo la fórmula del sistema de Alianza Público-Privada, hasta que la Contraloría no emitiera un informe, tras la denuncia presentada por varios diputados por supuestas irregularidades en el proceso.

La denuncia de los legisladores alegaba que Sacyr no estaba autorizada a presentarse a la licitación al tener un contrato rescindido en España y una multa de 7 millones de euros.

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