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Darío Arizmendi

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Dónde está la bolita

¿Más corruptos que antes?

Polígrafos, zares anticorrupción, declaraciones de bienes, urnas de cristal o bolsillos de cristal, listas Clinton, oficinas de control interno, “ías” y veedurías no están pasando la prueba.

El 2017 podría quedar en la historia como el de la corrupción y no necesariamente porque sea un tema nuevo sino porque ya no es el escándalo del año sino el de la semana. Las sucesiones de revelaciones han hecho que los temas de la paz pasen a un segundo plano, y ya no importa si las Farc dejaron las armas, sino quién es el corrupto y de cuál gobierno ha hecho parte.

Odebretch, Reficar, las irregularidades con las regalías de Córdoba y la Guajira, los 21 fiscales y jueces del Meta que trabajaban para organizaciones ilegales, el exsecretario de Seguridad de Medellín acusado de aliarse con organizaciones criminales o el caso del ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno que pedía dinero a cambio de entorpecer las investigaciones a un ex gobernador de Córdoba, entre otros menos relevantes, han copado la agenda de los medios este año como nunca antes.

El tema de la revista “Semana” es precisamente una pregunta a seis destacados académicos colombianos: ¿en qué momento se acabó la ética en Colombia? Las respuestas tienen al menos dos puntos en común: la justificación de la violencia para hacer justicia por mano propia porque la institucional no ha funcionado y la visualización de la corrupción ahora más que antes, entre otras razones porque las huellas de los ilegales son más fáciles de seguir gracias a las nuevas tecnologías.

Las raíces de la corrupción el país cree siempre tenerlas claras: politiquería y clientelismo, que apenas lo explica en parte; la financiación de campañas por contratistas; un Estado paquidérmico que estimula la coima y una justicia para los de ruana; la “ética” mafiosa del narcotráfico que ha puesto como espejo el enriquecimiento ligero sin importar los medios; la degradación de los valores y el poco énfasis en estas materias en la mayoría de las carreras y de manera creciente el soborno trasnacional como son los casos de Odebrecht y de mineras que cooptan alcaldes y concejales, sin dejar de lado la cortina que oculta lo que pasa el sector privado. Polígrafos, zares anticorrupción, declaraciones de bienes, urnas de cristal o bolsillos de cristal, listas Clinton, oficinas de control interno, “ías” y veedurías no están pasando la prueba. Colombia parece haberlo intentado todo, con poco éxito.

Pero la pregunta que sigue sin resolver es: ¿por qué pocos temen el carcelazo y el fin de su vida familiar y profesional? Algo o mucho debe tentar a los corruptos para hacerlo.