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Darío Arizmendi

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Congresistas de EE.UU. cuestionan actuación del Esmad en Buenaventura

10 congresistas enviaron una carta al gobierno colombiano donde denuncian uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

Paro Buenaventura

Paro Buenaventura / Colprensa / Archivo

La carta dirigida a Paula Gaviria, asesora presidencial para los Derechos Humanos, dice que es importante que el Gobierno de Colombia garantice que las comunidades indígenas y afro-colombianas de Buenaventura y Chocó puedan protestar libremente. Además los congresistas escriben que ha sido ampliamente reportado que el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad provocó violencia en Buenaventura

Reportan que recibieron reportes de niños y mujeres embarazadas que fueron víctimas de gases lacrimógenos y de tácticas violentas de parte del Esmad para dispersar las protestas. La carta también resalta que los activistas civiles están pidiendo por sus necesidades básicas como agua potable, salud, infraestructura y seguridad. 

Los 10 congresistas estadounidenses que firmaron la carta, celebran el acuerdo alcanzado entre las partes y dicen que van a monitorear de cerca la implementación de los puntos acordados y afirman que el gobierno debería investigar los abusos por parte del Esmad. Por último la carta invita al gobierno a tomar acción concreta para implementar el capítulo ético de los acuerdos de paz a favor de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

La siguiente es la carta de los 10 congresistas al Estado colombiano

Paula Gaviria

Consejera Presidencial para los Derechos Humanos

Palacio de Nariño

Bogotá Colombia 

Estimada Sra. Gaviria, 

Escribimos para instar al gobierno de Colombia por las recientes protestas en la región del Pacífico de Colombia, particularmente en las ciudades de Buenaventura, Quibdó y Riosucio (Chocó). Es importante que el gobierno se asegure de que las comunidades afrocolombianas e indígenas puedan ejercer su derecho a la protesta pacífica garantizado por la Constitución colombiana. 

El viernes 19 de mayo, después de la ruptura de las conversaciones entre los organizadores de la comunidad y el gobierno, las protestas pacíficas en Buenaventura tomaron un giro violento. Se ha informado ampliamente que la violencia fue provocada por la fuerza especial anti-disturbios de Colombia, ESMAD. Según se informa, una fuerza desproporcionada fue utilizada para dispersar a los manifestantes, incluyendo gas lacrimógeno, helicópteros, bombas aturdidoras, tanques y armas de fuego. Se informó que los manifestantes estaban desarmados e incluían niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. También hay informes de que el saqueo y otras conductas desordenadas se produjeron a raíz de las tácticas violentas utilizadas por ESMAD para dispersar a la multitud. Se nos ha informado que los pescadores locales recibieron amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) por participar en estas acciones cívicas. 

En Riosucio, la principal razón por la cual la gente protestaba era que el gobierno no les había proporcionado la seguridad adecuada de grupos armados ilegales que operaban en la zona. La falta de seguridad en el Chocó está llevando a asesinatos selectivos, grupos armados ilegales que controlan las poblaciones locales, y el desplazamiento y confinamiento de grupos étnicos. Dado que los puertos como los de esta región son un sector prioritario para el Plan de Acción Laboral (PAL) de Estados Unidos y Colombia, deberíamos ver esfuerzos para garantizar oportunidades de trabajo dignas y sindicalizadas para los trabajadores portuarios en el Pacífico y no lo contrario. 

Los activistas cívicos de la región del Pacífico reclamaban necesidades humanas básicas como el acceso al agua potable, una mejor infraestructura, una mejor atención médica y una mayor protección contra los grupos armados ilegales. Las tasas de pobreza y desempleo son notablemente más altas en esta región que la media nacional. Dado que el puerto de Buenaventura es estratégicamente importante para el comercio marítimo de Colombia con Asia y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia y que el Chocó es un departamento ricos en recursos, la discriminación racial parece desempeñar un papel en la distribución desigual de la riqueza en el Pacífico, que no llega a las poblaciones afrodescendientes e indígenas. 

Nos alienta que el gobierno de Colombia haya llegado a un acuerdo con los representantes de los comités del paro cívico en Buenaventura y Chocó y los cuales monitoreemos durante su implementación. En el futuro, creemos que el gobierno debe investigar los abusos cometidos por la policía de ESMAD, sancionar a las personas declaradas culpables de actos ilícitos y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los futuros manifestantes contra cualquier amenaza o ataque de grupos paramilitares. 

La libertad de asociación y reunión es crucial para lograr una paz duradera y la estabilidad en cualquier democracia; Como tal, el gobierno colombiano debe asegurarse de que los pueblos de la región del Pacífico sean capaces de celebrar protestas pacíficas libremente y sin temor a represalias o represión. 

Por último, el gobierno de Colombia debe tomar medidas concretas para demostrar su apoyo a las comunidades afrocolombianas e indígenas mediante la promulgación de un decreto para que el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz sea jurídicamente aplicable. La mejor forma de que el gobierno garantice la aplicación efectiva de los acuerdos en la región del Pacífico es mediante la plena aplicación del Capítulo Étnico, que abordará las causas profundas de los actuales problemas sociales y de seguridad. 

Seguiremos monitoreando esta situación y esperamos continuar trabajando con ustedes para promover la paz y la justicia en Colombia. 

Sinceramente, 

Keith Ellison, Barbara Lee, Gregory Meeks, Bill Pascrell Jr., Henry C.Johnson Jr., James McGovern, Rosa L. DeLauro, Mark Pocan, John Conyers, Jan Schakowsky